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¿Guillotina o control político?

Imagen: Archivo

Por: Eduardo Mackenzie

Colombia debería ver con alarma cómo un grupito de opositores parlamentarios intenta transformar el Senado y la Cámara de Representantes en un nuevo tribunal de justicia.

El derecho de los congresistas a citar a funcionarios del gobierno a sesiones o a ofrecer explicaciones, como prevén los artículos 114, 135 numeral 4 y 8 y 137 de la Constitución Nacional, no solo está siendo objeto de abusos sino que algunos están tratando de usar tales prerrogativas para crear una especie de guillotina simbólica.

Esos opositores quieren arrimar a la justicia politizada de las altas Cortes, y a la JEP ilegítima, una práctica nueva, no escrita pero mas cercana al enfoque y estilo de los justicieros que al espíritu de la rama legislativa.

Los llamados “debates de control político” son cada vez mas frecuentes y las razones de la convocatoria son a veces endebles y caprichosas. Algunas sesiones de ese tipo toman un cariz contrario al que prevén la Constitución y la ley. En lugar de ser sesiones para preguntar e intercambiar ideas con los funcionarios se está llegando a sesiones donde los funcionarios son maltratados verbalmente y sometidos a interrogatorios de hostigamiento, estilo cheka bolchevique, perfectamente fuera de la ley. No es una invitación la que hacen sino una “citación” que reviste rasgos policiaco-judiciales.

Cada acto de gobierno que no le guste a la oposición genera un llamado estridente a una sesión de “control y censura político”, como dicen ahora. La que le harán hoy al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en el Senado busca obligarlo a que renuncie al cargo. La víspera, la moción de censura, impulsada por la Cámara de Representantes, el ministro rechazó la acusación de desacato pues, explicó, el 11 de septiembre pasado había pedido perdón “por los excesos de la Fuerza Pública”. Ese perdón no basta y el Senado quiere más perdones y que abandone el gobierno.

Otras citaciones son lanzadas para eclipsar debates molestos para la oposición. El 25 de septiembre de 2019, por ejemplo, cuando estalló el escándalo de las 522 tumbas clandestinas de personas secuestradas por las FARC que murieron en cautiverio, el jefe comunista Iván Cepeda evaporó ese tema crucial para las víctimas con una ruidosa “citación” a Darío Acevedo Carmona, director del Centro de Memoria Histórica (CNMH). Y la presión sobre Timochenko para que dijera dónde están esas tumbas fue disipada.

Adicto del “control político” pero solo para sus adversarios, Iván Cepeda no citó ni le envió al historiador Acevedo casi un centenar de preguntas por su acción administrativa sino porque éste no piensa como los mamertos. Lo acusó de “intentar revisar la historia del conflicto armado y la memoria de las víctimas”. El director del CNMH es libre de pensar como quiera ese y todos los temas. Lo que Cepeda quiere es vulnerar la libertad de pensamiento y de opinión e imponer a los historiadores una camisa de fuerza.
Muchos de los citantes entablan disputas en lugar de buscar la verdad. Otros agregan a la convocatoria el anuncio de que el funcionario será censurado, aún antes de escuchar sus explicaciones. En abril pasado, el representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, arengaba, furioso, tras las explicaciones dadas por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla: “Los colombianos no quieren que nos vengan a dar información sino que hagamos control político”. Y agregó: “El país ya tiene más que suficiente con las franjas informativas diarias dadas por el presidente en la televisión nacional”. Es decir, Lozada se niega a oír los argumentos del emplazado por él, aunque la Constitución dice que “Los ministro deberán ser oídos”. Lozada prefiere la bravata.

Otro que se mueve en esa esfera psicológica es Alejandro Carlos Chacón, ex presidente de la Cámara de Representantes. El otro día se le escapó esta frase: “El cuestionario al ministro no es necesario debido a que el presidente de la Cámara aseguró que podía aprobar ese tipo de debates”. La Constitución exige que el emplazado reciba previamente un cuestionario. “El país no necesita que nos den más información”, reiteró Chacón, como Lozada, antes de calificar la respuesta del ministro como un “monólogo”.

La nueva moda es, pues esa: no citan a los ministro para escuchar sus argumentos e intercambiar ideas, sino para arengar y crucificar al emplazado.

El representante Fredy Muñoz, del partido verde, confesó que esas sesiones son sobre todo “debates”, los cuales generalmente se extienden a asuntos ajenos al cuestionario, lo cual es ilegal.

Esa práctica irracional intenta deformar el espíritu de la Constitución y dar un salto cualitativo hacia la instauración solapada de un nuevo tribunal revolucionario que cita, perora, acusa y condena, sin escuchar al emplazado.

Se ven casos en donde los citantes fabrican faltas que no han ocurrido, o no son atribuibles al gobierno, o califican eventos de manera deformante antes de saber qué ocurrió a ciencia cierta tal día en tal lugar y con tales protagonistas y resultados. La anticipación ciega es el método imparable para poder citar y estigmatizar al gobierno, para impresionar a la opinión y obligar a los ministros a someterse a sesiones de castigo.

Esas sesiones son ahora el deporte favorito de los habitantes del Capitolio. Sin embargo, hay muy poca transparencia sobre esos debates. No hay nada sobre esa actividad en la página web oficial del Senado. Tampoco en la de la Cámara de Representantes. Como no encontré nada en esas páginas me puse a buscar por otros medios. Descubrí que entre 2017 y lo que va de 2020 hubo 43 sesiones de control político. Esa cifra es imperfecta: debe haber muchas más pues me cansé de buscar, para poder redactar esta nota a tiempo.

Todo es bueno en estos días para criticar, humillar y remover a los ministros que combaten la alteración sistemática del orden público en zonas de guerra y en las llamadas “manifestaciones pacíficas”, que degeneran rápidamente en asonadas destinadas a quemar policías y estaciones de policía, a aterrorizar a la ciudadanía y destrozar bancos y el transporte público.

Voceros de la oposición lanzan ultrajes adelantándose a la sesión de control político, como hace César Gaviria, quien acusa de “autoritarismo” al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo sin haberlo escuchado. Gaviria exige que el ministro “pida perdón por la represión” que impidió que hubiera menos muertos y heridos en las violentas protestas de 2019.

Es tal la demencia sectaria que el senador Roy Barreras llega a citar a un “debate de control político” al ministro de Defensa para cobrarle las atrocidades que cometen las guerrillas comunistas y los carteles narcotraficantes, en lugar de citar a los jefes de las Farc que posan de “senadores” y “representantes” en el Congreso. Barreras estima que tiene más culpa el ministro por el asunto de la “seguridad de las zonas rurales del país” que los jefes desmovilizados de las Farc que nunca han pedido a las Farc en armas que cesen sus matanzas. Barreras, en lugar de citar a Timochenko para que diga dónde están las 522 tumbas de sus víctimas, pregona, sin pruebas, que la fuerza pública “disparó a ciudadanos en las calles”, el 9 y 10 de septiembre lo cual es un resumen artero de lo que pasó en esos días.

El senador maoísta Enrique Robledo tuvo una idea genial: a pesar de que sabe que no hay tropas de Estados Unidos en Colombia, citó al ministro de Defensa tras acusarlo de haber “violado la Constitución al permitir operaciones de la tropa de asistencia de Estados Unidos en el país”. Robledo confunde deliberadamente el término “tránsito de tropas extranjeras” con el de visitas técnicas de “expertos militares”, resultado de convenciones y acuerdos, para dorar su blasón y su maltrecho perfil electoral.

Las sesiones de “control político” fueron diseñadas para establecer la verdad de la acción gubernamental y no para confortar la vanidad de los parlamentarios. Hoy eso se ha convertido en un medio para obstaculizar la acción de gobierno y buscar la caída de ministros, en un contexto de presiones destinadas a ahogar la fuerza pública y paralizar al Estado en su obligación de combatir, en particular, la violencia narco-terrorista.

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