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Proteger la Constitución: lo que falta en Colombia

Por Eduardo Mackenzie

En Alemania existe un organismo administrativo muy eficaz que depende del ministerio del Interior: el Buró de Protección de la Constitución (Verfassungsschutz), conocido por la sigla BfV.

Según Wikipedia, la Verfassungsschutz es un servicio de inteligencia que actúa en todo el territorio alemán y que tiene por misión esencial “vigilar las actividades contrarias a la Constitución de la República Federal Alemana”. No confundirlo con el BND o Servicio Federal de Inteligencia (Bundesnachrichtendienst).

El BfV cubre las actividades de partidos y agrupaciones de extrema izquierda y de extrema derecha que, por sus orientaciones antidemocráticas y favorables a la “guerra de clases”, pueden poner en peligro “la reputación, la seguridad y la existencia misma de la República Federal Alemana”, explica Wikipedia.

Ese Buró podría servir de ejemplo a Colombia pues muestra que un Estado democrático-constitucional europeo puede dotarse de medios de acción legítimos para defenderse no solo de todo tipo de espionajes e intrigas de poderes extranjeros sino también de la acción de organismos locales subversivos que trabajan por el derrumbe del sistema democrático asumiendo formas aparentemente políticas, ecológicas, religiosas, culturales, o combinando las más diversas fachadas.

Lamentablemente, en Colombia lo que hemos visto en los últimos 15 años es lo contrario: el lento aunque aparatoso desmantelamiento de los organismos de Estado encargados de proteger el sistema democrático de los ataques de las organizaciones totalitarias. Los cuatro mayores eventos que marcan ese deterioro de la protección de la democracia son: 1.- el fuerte aumento de la producción, consumo y exportación de drogas, lo que incluye ahora hasta operaciones de carteles mexicanos en el territorio nacional; 2.- la capitulación de JM Santos ante las FARC en 2016; 3.- la politización y corrupción de la justicia y 4.- la arbitraria detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe, el 4 de agosto de 2020, un hecho sin precedentes.

El pacto Santos/FARC terminó incrustándole a la Constitución Colombiana una anti-Constitución pro-FARC. La detención del ex presidente Uribe fue el resultado de los factores dos y tres y de la aplicación de normas no escritas de un derecho penal stalinista. Todo ello ocurrió sin que el sistema lograra frenar tal derrumbe institucional. Los organismos llamados por la ley a proteger la democracia habían sido previamente desmantelados.

Volvamos al ejemplo alemán. Creada el 7 de noviembre de 1950, el Buró de Protección de la Constitución tiene una base jurídica: la Ley de Protección de la Constitución del 20 de diciembre de 1990, votada ese año obviamente tras la reunificación alemana.

El presupuesto del BfV es de 348 millones de euros anuales. Su personal llega a los 3400 agentes y su sede principal es Colonia. Sus áreas de actividad preferente son la lucha contra el espionaje militar, industrial y político, contra el sabotaje, y contra el extremismo y el terrorismo islámico, el extremismo y el terrorismo de extrema derecha y de extrema izquierda.

La Verfassungsschutz tiene la facultad legal de vigilar e investigar de manera permanente a los individuos, bandas, partidos o grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, así como a toda formación que emplee la violencia para impulsar ideas y programas políticos y religiosos, como Al-Qaïda.

Son vigilados los miembros de partidos o grupos extremistas disueltos, o en receso aparente, como el KPD, DKP, MLPD (Partido marxista-leninista de Alemania (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands), Fraction armée rouge (RAF), Juventud Libre de Alemania (Freie Deutsche Jugend, FDJ), el partido maoísta turco TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) y otras organizaciones catalogadas como de extrema izquierda o de extrema derecha.

Algunos cabecillas y activistas del partido Die Linke (la Izquierda), partido que resultó de la fusión del Partido socialista unificado de Alemania –el partido de gobierno de la ex RDA comunista–, con el partido Alternativa electoral de Trabajo y Justicia Social. Aunque no todo Die Linke es objeto de vigilancia, son perfilados ciertos activistas y grupos que dependen de esa organización, como la Plataforma Comunista o el Foro Marxista. También son fichados y escuchados los ex jefes del Estado comunista desaparecido, la RDA.

El BfV vigila, además, los grupos de agitación trotskista y anarquista, aparentemente legales. Un ejemplo es el SGP (Sozialistische Gleichheitspartei – Partido de la igualdad socialista), organización trotskista clasificada por el BfV como de extrema izquierda. El NPD (Partido Nacional Demócrata, cercano al neo nazismo) y la Iglesia de la Cientología, lo son igualmente pues sus acciones son consideradas como hostiles e anticonstitucionales.

Obviamente, el partido Verde y Die Linke piden, en vano, la supresión del BfV y el desmantelamiento gradual del BND y de todos los servicios secretos.

En su informe de 2017, un documento de 56 páginas redactado por el profesor Wolfgang Roth, del prestigioso gabinete de abogados Redeker Sellner Dahs, el ministerio del Interior explicó que la pretendida lucha por una “sociedad democrática, igualitaria y socialista” y la agitación contra el pretendido “imperialismo o el militarismo alemán” son actividades inconstitucionales, así como toda agitación basada en la creencia de que hay una “rivalidad irreconciliable entre clases sociales opuestas”. El BfV afirma que los esfuerzos del SGP apuntan hacia el cambio de la Constitución alemana y del orden democrático del país. Por eso son vigilados, aunque ese partido no haya sido ilegalizado. Solo el Tribunal Constitucional Federal está habilitado para declarar la disolución de un partido o de una organización política.

El ministerio del Interior asumió esa posición luego de examinar en detalle las acciones, documentos y declaraciones del SGP. El Estado alemán acusa al SGP de cometer actos ilegales y de impulsar o incitar a cometer actos violentos o extremistas.

Según informaciones publicadas por la prensa alemana como el Frankfurter Allgemeine Zeitung y la revista política Cicero, en los últimos años, el SGP y su sección juvenil, el IYSSE (International Youth and Students for Social Equality), se han vistos envueltos en ataques violentos a reuniones públicas con y de grupos considerados por ellos como de extrema derecha, y con movimientos identitarios y contra gente del grupo extremista AfD.

El documento del ministerio del Interior recuerda que el Partido Comunista Alemán (KPD) fue disuelto y prohibido en 1956 por ser una formación política anticonstitucional que preconizaba la construcción de una sociedad basada en los conceptos del marxismo-leninismo: un régimen de partido único y de guerra de clases, lo que resulta incompatible con el orden liberal-democrático y con los derechos humanos.

Según la concepción liberal-democrática, el capitalismo permite la reconciliación progresiva y la colaboración de clases. El documento declara: “La democracia liberal descansa sobre la convicción de que es posible desarrollar progresivamente la libertad y la igualdad de derechos entre los ciudadanos y que es indispensable alzar y proteger esos principios totalmente”.

En Colombia los adeptos de la guerra de clases son los que están a la cabeza de las campañas de desmantelamiento de la inteligencia civil y militar, organismos llamados por la ley a reunir información sobre la acción subversiva. Ellos pretenden que ningún organismo del Estado debe informarse sobre las actividades encubiertas o no de esos grupos. Para ellos, y sus financiadores extranjeros, vigilar a los cómplices ideológicos e intelectuales del narco-terrorismo es una amenaza. En Alemania eso es una prerrogativa de la democracia- liberal. En Colombia, la agitación marxista buscan crear un clima psicológico para que la sociedad acepte pasivamente la violencia del narco-terror y los frecuentes desmanes urbanos disfrazados de “protesta social” y “lucha sindical” y, sobre todo, acepte el fin de la democracia.

La vigilancia de las formaciones extremistas es algo perfectamente legal y necesario en Alemania para preservar la seguridad de la sociedad y la soberanía del Estado. ¿Por qué Colombia, tan agobiada por la violencia, no sigue ese buen ejemplo dentro del proceso que muchos piden de total reorganización constitucional?

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