Ifm  Noticias

Procurador Fernando Carrillo habla sobre sentencia de la CIDH en caso Gustavo Petro

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra el Estado colombiano puede llevar a realizar ajustes normativos que jamás podrán traducirse en escenarios de impunidad en la lucha contra corrupción, para beneficiar funcionarios de elección popular que han actuado indebidamente, aseguró el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez ante la decisión de la Corte IDH.

Precisó que Colombia debe acogerse al plazo que concede la Corte IDH en el numeral 8 de la sentencia que indica: “_el Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los plazos establecidos en la presente sentencia_”, lo que implica que en un año el Estado deberá presentar a ese tribunal un informe sobre el cumplimiento de esta decisión.

Advirtió que ninguna de las decisiones frente a funcionarios de elección popular adoptadas hasta la fecha por la Procuraduría queda en un limbo jurídico, puesto que se ha procedido siempre otorgando todas las garantías a los investigados y respetando la jurisprudencia nacional, acatando las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que han avalado las competencias disciplinarias de la PGN.

Esta Procuraduría también destaca la fuerza vinculante que tienen las normas convencionales vigentes, como las consagradas en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y las de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

“Reformaremos para mejorar pero no para bajar la guardia contra la corrupción”, indicó Carrillo Flórez, quien no descartó solicitar aclaraciones o consultas a la decisión de la Corte IDH que “permitan fortalecer y no debilitar la potestad disciplinaria de la Procuraduría”.

*Colombia no puede hacer concesiones a la criminalidad*

El Procurador indicó que la Corte IDH no ha sugerido meterle la mano a la Constitución de 1991, sino ajustar unas normas disciplinarias, que permitan a la Procuraduría actuar como un ente acusador especializado contra los corruptos, con decisiones que podrían ser controladas automáticamente por una autoridad jurisdiccional como el Consejo de Estado. “Abriremos el debate para analizar qué faltas disciplinarias pueden ser nuevos tipos penales”.

Sostuvo el jefe el Ministerio Público que la decisión de la Corte IDH no puede ser una derrota contra la institucionalidad de la justicia disciplinaria, sino el inicio de un debate sobre los instrumentos más eficaces para continuar con la gran batalla contra estructuras corruptas cada vez más organizadas, que hoy son el mayor motor de violación de los derechos humanos en Colombia.

“Los corruptos que históricamente en Colombia han violado derechos humanos y que han defraudado los recursos públicos, con esta decisión no van a ganar”.

Este fallo accede en forma parcial a las pretensiones del exalcade de Bogotá Gustavo Petro, quien demandó al Estado colombiano para que le restituyeran sus derechos y le concedieran medidas de satisfacción, de reparación económica y de no repetición. Como el Consejo de Estado ya había realizado un adecuado y oportuno control de legalidad y había anulado el fallo de destitución impuesto por el entonces Procurador Alejando Ordoñez, era innecesario llevar a Colombia ante el tribunal internacional para buscar además medidas de protección ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Contraloría de Bogotá, peticiones que no fueron acogidas.

La sentencia reconoce en el Consejo de Estado el ejercicio de un control adecuado y oportuno a la legalidad y advierte que no resulta procedente ordenar medidas legislativas respecto del procedimiento general previsto en el Código Disciplinario Único, ni modificar la acción de nulidad y restablecimiento. “_No existen elementos para concluir la existencia de un problema de carácter estructural que amerite la modificación de dicho procedimiento_”, precisó el tribunal.

Para Carrillo Flórez esta es la evidencia de que esta Procuraduría ha actuado en derecho y otorgando todas las garantías a los disciplinados.

“Como legado dejaremos una entidad fortalecida y una propuesta que endurezca las sanciones contra los corruptos”.

Vía Politika. – Somos MedialCO-

Comparte este contenido: