ECONÓMICAS.
El miembro de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, Jesús Aristizabal, explicó las razones por las que el objeto social de EPM, no se puede ampliar, como lo pretende hacer el alcalde Daniel Quintero, y para lo cual ha fabricado ya, mayorías en el Concejo de la ciudad.
Según lo explica, al ser EPM una empresa 100% pública y prestadora de servicios públicos domiciliarios, su actividad está restringida por la ley 142 de 1994; lo que significa que cualquier otra actividad que se le quiera endilgar, que no sea asociada o complementaría, por fuera de lo expresado taxativamente en a ley, necesitaría, obligatoriamente, un cambio en la naturaleza jurídica de la empresa.
El ex miembro de la junta, teme que, sin saber con qué intereses, se quiere llevar a las Empresas Públicas de Medellín, a Suscribir acuerdos, convenios, contratos y asumir negocios que no conoce, en materia de infraestructura vial, seguros, turismo y venta de la Data en poder de empresas públicas; es decir, la base de datos de los clientes, sin saber con qué fines y monetizarla sin saber. al servicio de quien.
En este sentido, en el recuerda que a Quintero ha estado especialmente obsesionado con la recolección de datos de los ciudadanos, que inclusive, le llevó a librar una tutela que le fue interpuesta por la información que está recopilando a través de la plataforma Medellín me Cuida; tutela que ganó pero que dejó en evidencia las críticas que se le hicieron por la falta de transparencia en el manejo y administración de la base de datos y los rumores de un uso electoral para próximas elecciones.
Jesús Aristizabal, llama también la atención sobre el trabajo adelantado que tiene el alcalde en el Concejo de Medellín, en donde asegura que ya tiene las mayorías aceitadas para que le aprueben todo lo que les lleve, una vez se retomen las funciones en el mes de octubre; lo que alcanza a calificar, como muy peligroso para la ciudad.
