Por: Claudia Posada
Pareciera que por sus funciones, en ese momento como alcaldes o gobernadores incluidos entre los 28 nombres de los imputados por presumible responsabilidad fiscal en el delicado asunto de la Hidroeléctrica Ituango, ya estuvieran condenados; es la conclusión al observar algunos titulares tendenciosos, opiniones amañadas en espacios periodísticos y comentarios maldicientes en redes sociales. Recordemos aquello de la “causa raíz” mencionada de manera recurrente al estallar la contingencia en 2018 que arrastra crisis hasta hoy en la mega obra. Según informaciones de distintas fuentes, en la acumulación de serios problemas, sumados uno tras otro a partir de la determinación de acelerar el proyecto para cumplir el cronograma, radica el asunto que reventó poniendo en peligro vidas y el futuro mismo de Hidroitunago. Las consecuencias de posibles decisiones tomadas con respecto a las alternativas que ofrecían soluciones en la medida en la que iban resultando problemas de distintos tipos, siguen generando incredulidad. Es de admitir que al prever un inminente problema, se buscan alternativas de solución; por lo tanto, si hay compromiso, responsablemente se debe resolver; y no con simples soluciones caprichosas al paso, sino eligiendo la opción menos traumática desde todo punto de vista.
Al revisar sin apasionamientos sectarios, los nombres cuestionados, sentimos la necesidad de preguntarnos ¿Para qué se delega en una junta? ¿Por qué se delega en ésta o aquella persona? Obviamente todo mandatario debe estar representado en los espacios de decisión que competen a su gestión, si no es que él mismo asume plenamente el asiento permanente por tal o cual razón. Lo clarísimo es que se delega al tener la certeza del cumplimiento de responsabilidades del delegado, de manera acertada y oportuna; de ahí que tal designación no puede ser, de ninguna manera, en alguien sin los conocimientos fundamentales para intervenir eficientemente con el compromiso asignado. Aunque ¿cómo desconocer que los funcionarios más cercanos a los mandatarios, no siempre son suficientemente calificados para ocupar cargos con la idoneidad requerida y que en el momento dado los representé eficazmente? Así ¿Por qué se faculta a éste o aquel? Pues es de suponer que para el gobernante es de su entera confianza. Así las cosas ¿Quién está obligado a responder por irregularidades que cometa el encomendado a determinadas funciones, y en consecuencia por sus actos y lo que ellos signifiquen? Es asunto de las instancias correspondientes.
Para el caso concreto de Hidroituango, ya anunciaron que por lo menos año y medio tardan en revelar los nombres de los implicados definitivamente en tales hechos de incalculables consecuencias; mientras tanto, tendremos que soportar todo tipo de teorías especulativas señalando culpabilidades, las que no pocas veces se van antojando sin tener los fundamentos que sí analizan precisamente los entes de control para el efecto. De resultar los mandatarios de turno responsables de la suma de daños acumulados en el tiempo por posiciones inconvenientes o incorrectas, de ellos o de sus representantes, nos asisten otras inquietudes: ¿Acaso no asumieron que las alternativas presentadas por los consorcios –hoy también imputados- respondían a un pleno sentido de la ética, juicios honestos, e idoneidad específica para cada circunstancia? ¿O quizá, desde sus cómodos y poderosos asientos en las juntas, por motivos ajenos a la inmensa responsabilidad que les cobijaba, es decir, tal vez por conflicto de interés, actuaron de mala fe? ¿Puede ser posible que decisiones inapropiadas traicionarán la confianza plena que se depositó en ciertos funcionarios? Lo más usual, creemos, es que algunos miembros de junta en entidades gubernamentales, aterrizan allí porque se tiene con ellos total concordancia de pensamiento, pero a la hora de ellos decidir, resuelven que: “¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente”, o sea que por falta de criterio propio, o pocos conocimientos, se unen a los más “sabios” (¿O serán los más vivos?).
En resumen, siendo de semejante dimensión todo inconveniente en lo que respecta a Hidroituango dada su magnitud como gran central hidroeléctrica; además, por el desarrollo económico que representa y su impacto social al igual que financiero, también es relevante asumir roles como ciudadanos del común, pues de una u otra manera nos veremos beneficiados o perjudicados según los resultados que reporte la planta generadora de energía más importante que se constituye en Colombia. A nada bueno conduce el agudizar señalamientos sin fundamento, simplemente por el afán de sembrar dudas, o alimentar intereses partidistas. Las amenazas que circulan en panfletos evidencian un lenguaje muy agresivo, denotan perversidad e inescrúpulos; por lo tanto, no pongamos en la palestra a quienes supuestamente son “culpables” de algunos de los tantos errores que se cometen en la vida pública, mejor pensar en que saldrá a relucir la verdad toque al que toque si los organismos competentes son fieles a su deber; y si acaso no lo son, entonces los remordimientos en éstos y en aquellos, seguramente será la penitencia que martillará en sus conciencias. Mientras tanto pongámosle la mejor energía.
