Por: Claudia Posada
El proyecto para la realización del metro ligero de la 80 en Medellín, es una realidad a partir del momento en el que el presidente Iván Duque comprometió recursos por 2 billones 400 mil millones de pesos, de los 3,5 billones requeridos para que la obra se ejecute. Aunque su realización no fue iniciativa de la administración actual, si fue el actual mandatario de la capital antioqueña, Daniel Quintero, a quien le surtieron efecto las gestiones ante el Gobierno Nacional para obtener el impulso requerido: El paso definitivo que garantiza su ejecución.
Dada la magnitud del proyecto que, además de reducir considerablemente el tiempo para cubrir un largo trayecto, va a descongestionar la importante Avenida 80, haciendo viajes más confortables y seguros; además, será de gran alivio para el componente ambiental de la ciudad. Pero entre tanto se ponen a rodar los vagones del metro ligero, con todas sus características de modernidad, las obras previas exigen más que infinita paciencia por parte de los habitantes del sector impactado, de los comerciantes y demás usufructuarios que tienen allí sus actividades diurnas o nocturnas.
Según información reciente del medio de comunicación alternativo “Comunicando Belén”, ya se está implementando la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas, del sector. Esto, gracias a que un proceso de construcción colectiva hizo visible como problema, el impacto negativo sobre habitantes y actividades tanto económicas como productivas, ocasionado por obras públicas, lo que, al reconocerse, facilitó que el Concejo de Medellín aprobara la respectiva política pública, mediante el Acuerdo 145 de 2019; la misma que se está aplicando en este momento para llevar a cabo la etapa de socialización del proyecto Metro Ligero de la 80, en busca de menos afectaciones y traumatismos para las personas y los negocios.
Lo anterior significa que en adelante, si se respeta el Acuerdo correspondiente, disminuirán en gran medida los conflictos que obviamente genera toda obra por el impacto a la normal cotidianidad del entorno respectivo. Es increíble que después de tantas y tan convenientes políticas públicas aprobadas por concejos municipales y asambleas departamentales para favorecer diversos aspectos de una sociedad como la nuestra en la que se atropellan derechos, se ignoran olímpicamente deberes, y se procede de manera tan irresponsable en la mayoría de las administraciones del sector oficial y entes gubernamentales, ni siquiera se enteren de que en los archivos, históricamente, se han acumulado políticas públicas que deben ser de obligatorio cumplimiento. Por negligencia o desidia, y no pocas veces por el afán desmedido de notoriedad, llegan a borrar de tajo logros para el bien común, sin importarles dineros y tiempo invertidos, desestimando gestiones y realizaciones alcanzadas por antecesores, simplemente por figurar como los grandes transformadores.
Las políticas públicas se crean precisamente para que haya continuidad; por lo tanto, en adelante, al emprender una obra de impacto negativo (como lo han sido y serán, la necesidad de ampliar vías, tumbar propiedades, negociar predios, suspender actividades de servicios y producción, o dejar temporalmente sin espacio en donde parquear los vehículos de suministros o clientes…) deberá acoger la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas y ajustarse a ella. Por igual, debería retomarse toda Política Pública creada para resguardar a los distintos actores y escenarios de la vida en comunidad, en cualquiera de las situaciones que lo ameriten y se cuente con ese recurso. Claro que, sí se observa como algunos personajes acceden a importantes cargos o a corporaciones, y no se les ocurre por lo menos leer reglamentos, disposiciones, archivos (para no repetir lo que ya está) ni se les ocurre detenerse a mirar, por ejemplo, requisitos para entregar una condecoración, menos podemos esperar que se enteren de qué políticas públicas existen para el ejercicio de sus facultades en temas específicos.
Para el caso en particular de los problemas que enfrentarán los usuarios de la Avenida 80 y sus habitantes, la política pública en mención que se está implementando “… busca proteger, mejorar y dar sostenibilidad a los modos y medios de vida de los moradores y a sus actividades económicas y productivas…cuando sus territorios son impactados por obras de mejoramiento integral, obras públicas de infraestructura, proyectos de renovación urbana y gestión del riesgo de desastres y calamidad…Porque todos somos moradores, habitantes de un territorio, y en cualquier momento el lugar donde vivimos o trabajamos se puede ver impactado por obras. Así que es un asunto de corresponsabilidad conocer y aplicar la política”.
La implementación de esta política pública, debería constituirse en ejemplo a seguir por parte de mandatarios y funcionarios que muy campantes y orondos desatienden los clamores ciudadanos con relación a diversos problemas colectivos, así como pasan por alto las dificultades de quienes deberían ser amparados bajo la consagración de políticas públicas por crear, o aplicando lo contemplado en las ya existentes.
