Por Azucena Restrepo*
Con gran preocupación observamos la dinámica política de Medellín al inicio de este año 2021. Adicional a que por primera vez en su historia la ciudad se ve enfrentada a un proceso de revocatoria de su alcalde, traducido en incertidumbre y polarización, la Alcaldía de Medellín viene agravando el clima político con la descalificación del logro social del programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo, el intento de generar división buscando la politización de algunos gremios empresariales, la imposición de un nuevo modelo de gestión del Presupuesto Participativo de las comunas y la improvisación en las medidas de toque de queda por fuera de las mesas técnicas de análisis y concertación. Todo esto ha generado inconformidad, manifestaciones y reclamos de los distintos sectores sociales de la ciudad.
Con relación a Buen Comienzo, el programa público mejor valorado por los habitantes de Medellín según las encuestas anuales de percepción ciudadana de Medellín Como Vamos, la inconformidad con la actual Alcaldía inició en el 2020. Este año hubo una preocupante inestabilidad contractual de los servicios, debido a la improvisación presupuestal y al desconocimiento del programa por parte del equipo de gestión, que fue renovado en su totalidad, desconociendo décadas de aprendizaje de técnicos y expertos. A esto se sumó el cambio en las reglas de juego para los prestadores del servicio en la contratación del 2021. De manera improvisada y anunciada por medios de comunicación, sin una convocatoria o una comunicación oficial, esta semana se exigieron requisitos que dejarían por fuera de la atención de la primera infancia a entidades con 40 y 50 años de experiencia como las Fundaciones Carla Cristina, Ximena Rico y Gota de Leche, esta última de la arquidiócesis de Medellín. Este manejo pone en riesgo la atención de más de 40.000 niños y niñas, desconoce los logros sociales alcanzados con la primera infancia de la ciudad e ignora la valoración que la comunidad le da al programa.
Sumado a ello, lo sucedido con el Presupuesto Participativo de las comunas y corregimientos de la ciudad, por valor de $234.000 millones y equivalente al 5% del presupuesto total de la ciudad, se ha creado un enorme malestar con las Juntas Administradoras Locales (JAL) y las Juntas de Acción Comunal (JAC), encargadas de hacer la concertación con las comunidades de la destinación de los recursos y para quienes las decisiones que se vienen imponiendo desde la administración han debilitado la participación ciudadana para privilegiar la ejecución de programas propios. Acciones que minan la confianza en un proceso de ciudad, crean incertidumbre y cuestionan las reglas establecidas en la relación gobierno local y demás actores sociales.
Finalmente, comprometer a líderes de los gremios empresariales para que asuman posiciones respecto a la iniciativa de la revocatoria ha generado preguntas y críticas que desestabilizan el esfuerzo que se viene construyendo alrededor de la recuperación económica de la región y el país. Los gremios han rechazado categóricamente lo sucedido, haciendo respetar su rol legítimo de trabajar por el desarrollo empresarial sin comprometer las posiciones políticas de sus afiliados. Es irresponsable crear división en un momento histórico en que la unión es clave para avanzar en la gestión de la crisis económica y de salud en la que todavía nos encontramos.
Una evidencia más de una forma de gobierno que asume una posición de superioridad e irrespeto con la institucionalidad de la ciudad, actuando con arbitrariedad y poniendo en riesgo los activos sociales construidos con el esfuerzo de todos
* Presidenta ejecutiva de Proantioquia
www.proantioquia.org.co
