Por: Eduardo Mackenzie
No entiendo por qué la justicia no ha abierto todavía una investigación a Gustavo Petro por el escándalo de la pancarta que pide públicamente la muerte del expresidente Álvaro Uribe. Esa pancarta fue desplegada por jóvenes sobre un puente peatonal que la caravana indigenista, que la prensa llama ahora “narco-minga”, cruzó al llegar a Bogotá.
Esa pancarta dice, textualmente: “Es necesario que Uribe muera”. Ese cartel, según investigaciones de periodistas, fue ideada, fabricada, trasladada y desplegada por individuos que pertenecen a un grupúsculo que se hace llamar “Juventudes de la Colombia Humana”. Ese organismo parece ser, según la prensa, un brazo semi-clandestino del partido de Gustavo Petro, “Colombia Humana”.
Gustavo Petro no retiró ni repudió esa invitación a asesinar al expresidente Uribe sino que, por el contrario, redifundió esa consigna, con comentarios complacientes, por las redes sociales. Es decir, Gustavo Petro validó ese acto inmundo, respaldó esa apología del crimen delante de una manifestación de indígenas. La llamada “minga” llegó de manera amenazante a Bogotá para montarle un juicio público al actual jefe de Estado, Iván Duque. Ese plan revive la memoria de otro: en noviembre de 1985, los narco-terroristas del M-19, masacraron a los magistrados y empleados que se encontraban en el Palacio de Justicia de Bogotá, pues querían hacerle, dijeron, una parodia de proceso y destituir al presidente de turno, Belisario Betancur.
Los que desplegaron la pancarta rechazan el derecho a la vida, se inscriben dentro de la lista de quienes han intentado liquidar al Álvaro Uribe, incluso desde antes de que fuera elegido presidente de Colombia. La alcaldía de Soacha dijo que la pancarta había sido desplegada por “encapuchados”. Pero algunos tenían en rostro descubierto. Falta ver qué dicen las imágenes de las cámaras que vigilan el puente utilizado por los “humanos”.
Los senadores no están exentos de tener que responder por la comisión de delitos. Lo que ha hecho Gustavo Petro respecto de esa pancarta es un delito. Difundir una frase que dice: “Es necesario que Uribe muera”, sin condenar tal frase, sin rechazar esa instigación, sin desmantelar el grupo que lanza es consigna, es incurrir en complicidad con el que pide que alguien salga de alguna parte y cometa lo irreparable contra un expresidente de Colombia.
Si la Corte Suprema de Justicia no toma cartas en el asunto, como es su deber en este caso, según el artículo 186 de la Constitución Nacional, es porque acepta el riesgo de cubrir ese delito, de proteger a Petro y de ser considerado cómplice, por omisión, de ese delito.
La redifusión hecha por Petro no solo merece el repudio total, como piden algunas almas tibias. Merece una acción judicial y una condena de tipo penal. Dar resonancia una apología del delito no debe ser visto como una mera opinión, ni como una especie de voto emitido en el ejercicio del cargo de senador, actos estos últimos que son protegidos por la ley. Respaldar lo que dice esa pancarta es otra cosa. Es un crimen que no puede ser protegido por fuero alguno.
La Fiscalía debe identificar a quienes desplegaron esa pancarta. La alcaldesa Claudia López es también responsable. Ella era la encargada de proteger a los habitantes de la ciudad durante la minga indígena. Una pancarta que preconiza la muerte de una persona es la negación de esa protección. Claudia López trató de salir del paso con una frase pero eso no basta: ella no pidió que las autoridades investiguen. ¿Por qué? La llamada “guardia indígena”, que dijo haberse encargado de la seguridad del desfile en Bogotá, debe ser llamada a cuentas: dejó que alguien pidiera, en un momento de la minga, la muerte de un colombiano. ¿No decían que la minga sería “pacifica”? Y el senador Iván Cepeda, quien ha dedicado su existencia a matar a Uribe, al menos moral y políticamente, no rechazó la pancarta.
Todos esos personajes deben ser investigados por las autoridades y responder por complicidad en esa invitación al asesinato. Petro, senador por el grupo que desplegó aparentemente la pancarta, debe ser sancionado por la CSJ.
La CSJ no ha querido investigar quien financia secretamente al “señor de las bolsas”, y no quiere investigar por qué el movimiento de Gustavo Petro quiere la muerte del expresidente Uribe. Pero tendrá que explicarse algún día. De pronto otros organismos van a descubrir los entresijos de ese episodio y veremos qué cara ponen quienes se movilizaron para tapar tales inmundicias.
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