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(INVESTIGACIÓN) Los errores de la Contraloría General con el caso Alcaldía de Medellin y Colombia Avanza

En mayo de este año, la Contraloría General de la Nación anunció que le abriría un proceso de responsabilidad fiscal al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil. El sobre costo del contrato investigado, ascendía a 942 millones de pesos y también aparecían vinculadas, la Secretaria Educación, Martha Alexandra Agudelo, la Asesora Jurídica de ese Despacho, María Patricia Ariza, y la Corporación Colombia Avanza, representada legalmente por Henry Paulison Gómez.

Los informes de la Contraloría

En el informe que dio inicio a la investigación, la Contraloría indicaba para el 21 de mayo, que “En el contrato mencionado se evidenció que el valor por kit alimentario fue de $26.423 pesos, valor que al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a la suma de $32.500 pesos por kit alimentario, que multiplicado por 220.578 kits pactados en el contrato, arrojó como valor total del mismo la suma de $7.168 millones de pesos. Al constatar los valores de los productos antes mencionados con los consultados con el Grupo Éxito dentro de la fecha estipulada en el contrato, se determinó que en este establecimiento el kit alimenticio tendría un costo de $22.149 pesos, lo que significa qué al multiplicar este valor por la cantidad de kits estipulados en el contrato, arrojaría un valor de $4.885 millones de pesos, advirtiéndose así un sobrecosto de 19,03%, representados en la suma de $942 millones, considerada como daño patrimonial al Estado”. Al menos eso decía la contraloría.

En un país en el que todas las investigaciones suelen tardar años, sorprendió que este contrato, se resolvió en tiempo récord, pues para el 31 de julio, la misma Contraloría General de la Nación, sostuvo en el auto No. 701 que no es posible “acreditar con grado de certeza una afectación al patrimonio público, pues en el primer caso, los escasos rangos de desviación de precios no son lo suficientemente significativos como para concluir que se hayan pactado precios que desborden los del mercado, pues ha quedado probado que las líneas de desviación se encuentran dentro de los rangos que se observaron durante la época de los hechos, con un importante impacto causado por las medidas de emergencia sanitaria y aislamiento obligatorio”.

Lo curioso es que este auto, se da días después de una de las visitas del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero a Bogotá sin que se conociera la agenda de Quintero, en medio de la pandemia por Covid.

Las imprecisiones

Analizado el auto 701 de 2020 dentro del proceso de responsabilidad fiscal que fue numerado con el AN-80011-2020-UCC-PRF-047-2020, hecho por Juristas para IFMNOTICIAS, se dieron los siguientes hallazgos: 

La primera gran conclusión es que la propia Contraloría establece que frente a precios del DANE existen sobrecostos en la gran mayoría de los productos mencionados al momento de la suscripción del contrato de paquetes alimentarios por $7.168 millones de la Secretaría de Educación de Medellín con la corporación Colombia Avanza de Bello. Eso se demuestra en el estudio que hacen de cada uno de los precios de mercado.  Llama la atención que no exista como mínimo un avance en la investigación con este sustento y se haya tomado la decisión de archivar pese a dicho claro hallazgo.

Recordemos que esta corporación, Colombia Avanza, fue un importante aportante a la campaña de Daniel Quintero para la alcaldía.

Pero en el auto de La Contraloría que fue archivado, existen muchas imprecisiones que no tienen recurso legal posible y, que demuestra, que la Contraloría General de la República no cumplió con rigor, la función de cuidado de los recursos públicos de Medellín mediante el control preferente.

Tras el análisis, se resaltan, estas imprecisiones:

  1. En los estudios previos y sus anexos no existe prueba documental donde se evidencia la falta de voluntad de otros oferentes que presuntamente fueron convocados, tanto es que los mismos estudios previos hablan directamente del operador Colombia Avanza. Si la invitación a otros fue hecha, se quedó en una mera informalidad que no tienen ningún valor probatorio.
  2. Los precios definidos en el contrato para cada producto son precios antes de IVA. En específico, a los precios para la leche chocolatada “Chocolisto”, las galletas tipo soda y las pastas se les debe adicionar el IVA para tener un precio de referencia.  Sin embargo, al momento de la comparación con precios de referencia del mercado, la Contraloría hace un comparativo de los precios del mercado que tienen IVA con los precios del contrato que no tienen IVA y así se llega a la conclusión de que en esos productos no hay extracostos.  Ésta es una grave omisión, inexplicable por parte de avezados investigadores de la Contraloría.
  3. La Contraloría sólo hace referencia a los precios de una única cadena (Almacenes Éxito) que, además de que los precios de este almacén incluyen IVA como ya se dijo previamente y se comprueba un sobrecosto de casi el 20% del contrato antes de IVA, no es tampoco el lugar más económico para la compra de alimentos. La Contraloría debió considerar otros lugares en los que los precios son muy inferiores inclusive a los de Almacenes Éxito.
  4. Los productos que se entregaron en el contrato de paquetes alimentarios por parte de Colombia Avanza son productos sin marca o de marcas poco reconocidas, mientras que los precios que se toman de referencia en cadenas como Almacenes Éxito son de mayor reconocimiento, por lo que una más rigurosa investigación hubiera concluido en una mucho mayor diferencia de precios, al no incluir marcas reconocidas en los mencionados paquetes alimentarios. No comprender las diferencias entre los precios de productos con marcas reconocidas y productos sin marcas es una omisión extraña que la Contraloría no explica en momento alguno.
  5. Tal vez la más llamativa de las omisiones por parte de la Contraloría General, es que el comparativo de precios lo hace con base en, solamente, una unidad de cada producto específico. Es inconcebible que no se haya tenido en cuenta que al pedir 220.000 unidades de cada producto se pueden lograr economías de escala muy amplias, disminuyendo el precio por unidad de manera considerable.
  6. Los precios de logística y adecuación que aparecen separados en la propuesta de Colombia Avanza debieron unificarse, porque se sobreentiende que la adecuación está incluida en la logística. Se terminaron cobrando $6.087 por cada paquete alimentario con la suma de los ítems de logística y adecuación, un costo que no tiene explicación sensata.  La Contraloría se quedó callada frente a esta irregularidad técnica.
  7. La entrega de paquetes alimentarios no se hizo individualizada a cada uno de los estudiantes en sus hogares sino que fue hecha a los rectores de los colegios en una entrega única para el número de estudiantes destinatarios de los mismos. Esto significa que un gran costo logístico fue asumido por rectores, directivos, profesores y familiares de los estudiantes, generando con ello una mayor utilidad para el contratista Colombia Avanza.   La Contraloría no mencionó una sola palabra al respecto de manera inexplicable.

Con estos errores evidentes, los medellinenses asumimos los 942 millones de pesos de sobre costo, solo por la inexplicable omisión de la Contraloría General de la Nación, que se suman a los que ya IFMNOTICIAS, denunció por la compra de ventiladores, al comparar el precio pagado por la alcaldía contra el pagado por la Gobernación sobre el mismo modelo y que ascendió a mil millones de pesos.

Así, es como los recursos públicos de Medellín, se van dilapidando, mientras se hace populismo con otras cantidades que s

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