Por: Alberto Escobar Pérez
Corría el 14 de octubre de 1986 cuando el gobernador de Antioquia era Bernardo Guerra Serna y éste presentó su renuncia ante el presidente Virgilio Barco, después de conocer que el procurador judicial, Edilberto Solís, anunció la apertura de investigación en su contra por la polémica que generó la denuncia de un periodista por presuntas amenazas suyas.
A ese gesto se le reconoce en el mundo de la decencia como una actuación ética, palabra que al parecer ser no existe en el diccionario del suspendido gobernador Aníbal Gaviria Correa ni en el léxico de sus defensores políticos y de oficio.
Guerra Serna, luego fue absuelto, pero se defendió de la denuncia en su contra alejado del cargo y del poder.
En contraste con la delicada situación judicial que enfrenta Gaviria Correa, éste ha anunciado públicamente que por ninguna razón renunciará a su cargo.
El hoy gobernador de Antioquia, a quien se le ha conferido su casa por cárcel, aparece comprometido para entregar explicaciones claras ante la Corte Suprema de Justicia y ante la opinión pública sobre sus dudosas actuaciones como gobernador de Antioquia y ex alcalde de Medellín.
La Providencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que declaró impróspera la solicitud de control de la medida de aseguramiento presentada por su abogado defensor en uno de los apartes señala: “…obvio resulta inferir que si nuevamente hoy al frente de la Gobernación de Antioquia se encuentra el doctor ANIBAL GAVIRIA CORREA, la privación efectiva de su libertad se ofrece manifiestamente necesaria mientras termina el proceso que procura de precaver la comisión de otros delitos, toda vez que tras, supuestamente, haber diseñado un método para direccionar a su amaño por interpuestas personas los procesos contractuales del departamento durante su primer mandato como gobernador, con una alta probabilidad podría utilizar este mismo mecanismo con miras a manipular la actual contratación”.
Teniendo presente la anterior afirmación, el suspendido gobernador debiera haber entregado la renuncia inmediata a su cargo, pues es la Corte Suprema de Justicia la que hace un claro señalamiento sobre el supuesto diseño de un método para direccionar a su amaño la contratación pública en su primera gobernación y la alta probabilidad de que lo haga actualmente.
Gaviria Correa está acusado por la Fiscalía de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
Y la providencia de la Corte Suprema de Justicia señala en otro de sus apartes:
“Así entonces, sopesadas las circunstancias que rodean la supuesta realización del concurso de delitos atribuido al gobernador Gaviria Correa, encuentra la Sala acredita la necesidad de imponerle la medida de aseguramiento que el defensor censura, como instrumento idóneo para proteger a la comunidad de la posible continuación de la actividad delictiva por parte del sindicado, conforme tinosamente fue considerado por el Fiscal Delegado que la impuso”.
Con este otro párrafo también existe motivación suficiente para que Gaviria Correa se defienda alejado del poder, si tiene en cuenta su tránsito por la Universidad EAFIT, donde con seguridad le entregaron contenidos de ética.
Hoy en pleno furor de la pandemia, Antioquia enfrenta un grave problema de gobernabilidad, no obstante que existen dos gobernadores, Gaviria Correa que sigue mandando desde su casa por cárcel y el hospitalizado gobernador (e) que cumple sus órdenes.
El mejor aporte que puede hacerle Aníbal Gaviria Correa a la Antioquia que él dice amar tanto, es RENUNCIAR, máxime en un momento coyuntural tan delicado que vive el departamento por la crisis generada por la pandemia, el desempleo que supera el 20 %, los miles de estudiantes de educación superior que han renunciado y otros tantos que lo harán cuando el paliativo de la matricula cero desaparezca, aunado al grave problema de salud latente por la crisis de la EPS Savia Salud.
