Así se interpreta por parte de los juristas la solicitud qué el congresista republicano Mario Diaz-Balart le hizo al fiscal general Estadounidense, William Barr, para que determine si las vistas que hizo el senador Iván Cepeda, a presos miembros de grupos paramilitares colombianos que se encuentran en cárceles de ese país; violaron las leyes norteamericanas y se usaron para actos que interfirieran en procedimientos judiciales y de corrupción.
Diaz-Balart pidió al fiscal Barr que investigue las denuncias e informes sobre las visitas de Cepeda a Juan Carlos Sierra Ramírez, alias el ‘Tuso Sierra’ y Salvatore Mancuso en mayo del 2009 y a otros 13 paramilitares extraditados a Estados Unidos, durante el gobierno Álvaro Uribe Vélez en el 2008.
Según indicó el propio Congresita norteamericano en la carta al fiscal, “Cepeda se habría entrevistado con Sierra para ofrecerle asilo político en Suiza si ofrecía información que incriminara a Uribe en asociaciones criminales” (…) Si estos reportes son ciertos, elevarían perturbadoras preguntas sobre si un actor foráneo tuvo acceso a un preso bajo la custodia de EE. UU. con el propósito de corrupción, interferencia en procedimientos judiciales e incluso sobornar a alguien para que cometa perjurio”.
El Congresita republicano mostró su preocupación pues “los reportes de estas visitas elevan serias preocupaciones que podrían tener ramificaciones en la relación entre Colombia y EE. UU”.
Queda ahora en la Fiscalía de los Estados Unidos, decidir si acepta la solicitud de investigar los pasos dados por Ivan Cepeda quien habría recibido autorizaciones indebidas por parte del gobierno del expresidente Obama violando, presuntamente, las leyes norteamericanas.
Esta es la carta enviada por el congresista al Fiscal:
