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(ESPECIAL) Asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, camino a la impunidad total. ¿Qué hay detrás?

Era el 2 de noviembre de 1995. Como casi todos los días, el líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado, estaba en la mañana en la Universidad Sergio Arboleda, la misma de la que fue promotor y cofundador. Allí, compartía con los estudiantes a quienes formaba académicamente con un criterio reflexivo frente al país.

Para ese año, el presidente de la República era el liberal Ernesto Samper, quien llegó a la presidencia con comprobados dineros del Cartel de Cali, quienes promovieron y financiaron su campaña. Si bien Samper, dijo que “todo fue a sus espaldas”, sus propios colaboradores comprobaron el ingreso de los dineros a la campaña. El proceso que se le abrió al presidente Samper en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, no llegó a nada y pasó a la historia como el Proceso 8000.

El escándalo de la financiación del narcotráfico a la campaña liberal, fue revelada por el conservador Andrés Pastrana, entonces candidato por el partido conservador, que termina perdiendo la presidencia con Samper. Desde ese momento, el líder Álvaro Gómez Hurtado, profundizó en sus críticas al presidente y su gobierno, al punto de haber sido señalado de “incómodo” por parte de algunos miembros del gobierno de entonces. Es aquí donde comienzan las hipótesis sobre su asesinato

Álvaro Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995, cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda. Sus alumnos recuerdan que acababa de dar una de sus clases en la Facultad de Derecho, sobre historia constitucional. Con prisa, ese día se despidió y conversó con varios profesores en la secretaría para disponerse a salir.

Cuentan que por mas de media hora, varios hombres hacían recorridos extraños en el exterior de las instalaciones dela Universidad, mientras disimulaban su estadía, que resultó ser la espera para cometer el acto sicarial. Gómez Hurtado, abordó dentro del parqueadero de la Universidad, su carro y como era costumbre, se sentó en la parta trasera sobre el lado derecho, por la comodidad que le daba poder hablar con su conductor. Cuando el automóvil salió del parqueadero, debió esperar para incorporarse a la vía y detenerse una vez en la calzada por el semáforo que generó tráfico pesado a esa hora.

Fue el  momento en que se escucharon los disparos en contra del líder político de 76 años. Pese a la reacción de quienes lo auxiliaron y lo llevaron con vida hasta la Clínica del Country, nada se pudo hacer, falleciendo minutos después de su llegada.

Álvaro Gómez Hurtado, siempre fue reconocido como uno de los principales líderes de la moralidad política y como tal exigía una depuración de los vicios y tendencias delincuenciales que se venían imponiendo en el desarrollo de de la política en el país. Sus críticas al gobierno Samper, sin duda, fueron la causa del asesinato.

Para la familia de Gómez Hurtado, el crimen fue ordenado por el presidente Ernesto Samper y las líneas de investigación, han recopilado más de 320 pruebas testimoniales y físicas que orientan a que se trató de un asesinado orquestado desde el Estado y posiblemente ejecutado por miembros de las fuerzas de seguridad al servicio presidencial, con logística del narcotráfico.

Las versiones del asesinato de Gómez Hurtado, parten de entender el papel determinante del excoronel y exdirector del Gaula, Danilo Alfonso González Gil, quien fue oficial de inteligencia que combatió al Cartel de Medellín, gestor del la alianza entre el gobierno y el cartel de Cali para la creación de los ‘Pepes’ y quien terminó trabajando para el Cartel de Cali como jefe de seguridad.

La Fiscalía, siempre ha tenido entre sus líneas de investigación, a Danilo González como el autor logístico del asesinado de Gómez Hurtado, mientras la familia, no cree que hubiese sido casualidad que justo González, trabajara para los financiadores de la campaña de Samper.

En ese orden, la hipótesis que se ha seguido, tiene como determinante al expresidente Ernesto Samper y algunos miembros de ese gobierno, cuyo vicepresidente fue Humberto de la Calle, mientras también ha sido vinculado Horacio Serpa.

Tras 25 años del asesinato, que se cumplirán el próximo mes de noviembre, no hay nada claro todavía y si bien el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado fue declarado por la Fiscalía como un Crimen de Lesa Humanidad en diciembre de 2017, y el mismo no prescribe; varias veces se había dado el rumor de que las Farc, hubieran participado del asesinato; línea que según el hijo de Gómez Hurtado, Mauricio Gómez, nunca tuvo lógica dentro de las investigaciones y por eso siempre se desestimó.

Es por esta razón que es tan sorpresivo, difícil de creer y para la familia del líder asesinado, absurdo; que las Farc salgan ahora, autoinciminándose en el marco de la Justicia Especial para la Paz, como autores del magnicidio, cuando nunca han existido pruebas del hecho que sugiera siquiera, que esto fuera posibilidad.

Enrique Gómez Martínez, sobrino del líder asesinado, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente diciendo que “La JEP se está prestando, su propósito será quitarle la competencia de la investigación a la Fiscalía para efectos de entrar en un procesito de tercera para condenar a algún falso muerto de las Farc fue el que estuvo en esto, e impedir que avance la investigación contra Ernesto Samper y Horacio Serpa. Lo habíamos advertido”.

Y es que el tema se comenzó a ambientar con las declaraciones de Piedad Córdoba como crítica en su cuenta de Twitter, a la reunión que resultó escandalosa entre Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo y los senadores de las FARC en una vivienda del norte de Bogotá, en la que reclamaba a los reunidos, no contar la verdad sobre la muerte de Gómez Hurtado.

Luego de este twitter, salió otro aun más sospechoso, que nadie entendió y es que, al parecer, todo se comenzaba a ambientar dentro de un preciso plan para salvar la imagen de Ernesto Sampero, Humberto de la Calle y Horacio Serpa, todos pertenecientes al partido liberal y algunos de ellos, codirectores al mismo tiempo.

La idea de hacer pública la nueva versión, ya programada entre Piedad Córdoba, Ernesto Samper y los demás involucrados, a fin de lavar la imagen del expresidente, se habría programado días antes en reunión sostenida con los senadores de las Farc y perfeccionado en la reunión del 4 de septiembre, que se hizo pública gracias a la denuncia de los vecinos al periodista Gustavo Rugeles, a quien los escoltas de la UNP, desmovilizados de las Farc, le impidieron el acceso a la urbanización, siendo intimidado.

El plan, se habría cocinado desde meses atrás en varias reuniones con el propio Ernesto Samper, quien ha posado como buen amigo de la cúpula de las Farc hoy desmovilizadas.

Este plan consistía en ambientar el tema en redes y medios de comunicación con la comparecencia de Piedad Córdoba ante la Comisión de la Verdad en donde tendrían la ayuda del padre de Francisco de Roux, alcanzando no solo el 8 de septiembre a enviar un primer escrito y haciendo público en medios que quería hablar con esa comisión y “no lo volvería tema de farándula”. Pero los planes se vieron frustrados y tuvieron que ser aplazados, pues tanto medios como opinión pública y el país, se volcaron sobre los actos violentos en contra de los CAIs y las críticas al abuso policial.

Pasado el temporal, retoman el tema y sospechosamente, al día siguiente que la exsenadora denuncia yn supuesto atentado en su contra, dice que la causa es su conocimiento de quienes son los verdaderos asesinos de Álvaro Gómez Hurtado. Nuevamente y retomando la hoja de ruta, Piedad Córdoba se apega al libreto y anuncia en los medios que no hará frarándula, se declara víctima de un atentado similar al ocurrido cuando la secuestraron, mientras las autoridades consideraban el episodio como un intento de robo. Así, con el episodio del ataque, acaparaba la atención mediática y con ello se le abrían los micrófonos para poder volver a decir que daría su versión ante la Comisión de la Verdad, mas no ante la Fiscalía.

Esta revelación en medios, llevó a que el hijo de Álvaro Gómez, el periodista Mauricio Gómez, fuera categórico al decir que “Piedad Córdoba debería estar en la Cárcel”, en declaraciones hechas a Blu Radio el 2 de octubre. En esa entrevista, ya el hijo del líder asesinado veía en la actitud de Córdoba, un plan para “lavarle a Samper la culpa del asesinato de mi padre” y fue más allá, al decir que Piedad Córdoba “fue la secretaria clandestina y pública de las Farc. La famosa Teodora, que se salvó y debería estar en la cárcel por haber estado jugando en los dos lados, en la subversión y la legitimidad todo el tiempo. Además, negociando secuestrados”.

El plan, entonces sigue en pie, y es pues el 3 de octubre, aparece la carta a la JEP por parte de los miembros del partido Farc, en la que dicen que esa guerrilla es responsable del asesinato de Álvaro Gómez y de otras 5 personas entre ellos, guerrilleros de sus propias filas de quien presumían, terminaría siendo informante y revelando secretos, al haber sido detenido por la fuerza pública.

En cualquier país serio en el mundo, un pronunciamiento de este tipo, sería motivo de alegría y un paso para acercar la verdad, la justicia y la reparación ante hechos históricos, siendo además una manera de concretar un proceso de paz. Es más, así lo quisieron hacer ver desde el propio expresidente Juan Manuel Santos hasta los seguidores de las Farc que se han autodenominado los protectores del proceso, como Roy Barreras y por supuesto los que ahora posan de víctimas de una mentira y escupen sobre la familia del líder asesinado por haberlos “calumniado”: Samper, De la Calle y Serpa, con sus declaraciones en los medios televisivos.

Pero en Colombia, esta declaración de autoincriminación por parte de las Farc, es más que sospechosa, increíble y podría no constituirse en una “verdad para la reparación” sino en otra de las mentiras a las que las Farc, tienen acostumbrados al país, como parte del plan de “lavado de cara” de quienes siguen siendo investigados como autores del magnicidio.

Para la propia familia del Álvaro Gómez Hurtado, el plan es claro, pues busca es no solo una “Es una jugada de bandidos” para “lavarle a Samper la culpa” sino” una forma de conseguir que en la Fiscalía se cierre la investigación preliminar que ha estado abierta por 25 años, y que para ellos esto es un crimen de Estado”.

El plan sería simple: Las Farc dicen que fue la organización guerrillera la autora del asesinato, dirá ante la JEP que fue ordenado por Manuel Marulanda Vélez, Alias Tirofijo y con él, todos los que hoy ya no pueden declarar ni pagar cárcel por estar muertos. Así, los hoy senadores y representantes, quedarán como que cumplieron con contar una verdad, sin ser responsables de los hechos y de paso, obligan a la Fiscalía a cerrar el caso y dejarlo en manos de la JEP, en donde pasará como un asesinato mas dentro del conflicto armado y quedará como caso cerrado para la historia.

A tal despropósito no está dispuesta la familia, que en manos del sobrino y abogado de la familia, Enrique Gómez Martínez, hará todo lo posible por desmontar el plan de las Farc con Samper y todos los que están ayudando en este plan, entre ellos, los vigilantes del proceso de paz, en cabeza del expresidente Juan Manuel Santos.

Es por esta razón, que ahora, se le exigirá a las Farc, todas las pruebas para que apoyen su versión ante la JEP, pero la propia Fiscalía comenzará a documentar este nuevo episodio que vuelve a herir la memoria del líder conservador asesinado y no piensa renunciar en su competencia, en momentos en que el país, prepara un proceso electoral en el que la izquierda quiere, ahora, jugar un papel fundamental y que, podrían utilizar este episodio, de manera política. Esta situación predice una choque de trenes entre JEP y Fiscalía.

 

 

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