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En grandes empresas, grandes conflictos

Por: Claudia Posada

¿Cómo dudar de lo que expresa a la opinión publica Lina Vélez de Nicholls con respecto a la importancia de seguir las directrices plasmadas en la filosofía del gobierno corporativo de EPM? ¿Cómo no alertarnos con los pronunciamientos de la concejal de Medellín María Paulina Aguinaga? Dos mujeres que, desde distintas orillas, la primera sumamente enterada de lo que es EPM por dentro, con una trayectoria amplia e impecable en el mundo empresarial. La concejal, mujer joven que ingresó a la política ganándose desde el primer momento la credibilidad ciudadana porque demuestra en sus posiciones, desde su conocimiento financiero, indiscutible juicio cuando asume responsablemente el rol del control político que es fundamental en su ejercicio como concejal. Dos mujeres inteligentes, sin radicalismos, a las que debemos oír precisamente porque tienen criterio propio desde sus individualidades.

Por otra parte, políticos que saben de lo que hablan porque son exmandatarios a quienes les tocó la contingencia de Hidroituango en el año 2018 –originada por graves daños que afectaron profundamente la megaobra-  se pronuncian argumentando lo que respaldan en su propia experiencia; sin embargo, sus posiciones hoy, frente al mismo asunto que desencadenó la determinación reciente del alcalde Daniel Quintero, presentan posiciones muy distintas. Si nos circunscribimos a lo expuesto por el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, debemos reconocerle que su ponencia en tal momento, por escrito, deja en claro aquella expectativa en la crisis coyuntural de la “causa raíz”,  situación que forzó decisiones  muy controvertidas.  Construir un tercer túnel de desviación para evitar una tragedia de grandes proporciones, está respaldada de alguna manera por la firma consultora a la que acudieron por su demostrada experiencia en centrales hidroeléctricas de gran magnitud: “ Una erosión progresiva dentro del túnel denominado Galería Auxiliar de Desviación (GAD), originada en una zona de roca débil en el piso del mismo y que no fue debidamente tratada durante la etapa de diseño y asesoría, es la hipótesis más probable de la causa raíz de la contingencia ocurrida en abril de 2018 en el proyecto Hidroituango”. Esta fue la conclusión del estudio realizado por la firma noruego-chilena Skava Consulting.

Por lo que respecta a los pronunciamientos del exalcalde Federico Gutiérrez, dados a distintos medios de comunicación por estos días, asumimos que son coherentes con su posición en medio de la contingencia de aquel entonces. Luis Pérez y Federico Gutiérrez pertenecen a la clase política y  en consecuencia creemos que desde su percepción ven los asuntos públicos estratégicamente.  Los antioqueños defendemos a EPM como nuestra (no sabríamos asegurar qué tanto lo sea) pues en razón de su proyección social y la prestación de los servicios públicos, crecimos respetándola y haciéndola respetar. ¿Pero qué sabemos de los aciertos y desaciertos históricamente sucedidos y hasta la fecha, al interior de tan importante ente autónomo?

De lo que no dudamos es del conflicto de intereses, no pocas veces, interfiriendo en decisiones de Junta. Si bien la composición  de ésta busca el equilibrio representativo de los gobiernos de turno y asientos que sean ocupados   por  organizaciones, digamos, ciudadanas, las clases dominantes son una constante en la orientación de grandes empresas, y  como tal,  es posible que incidan en la priorización de razones a su favor.  Entonces es aquí en donde no podemos dejar de reconocer el carácter del mandatario local, alcalde Daniel Quintero. Sus gestiones, en el marco de una reclamación que, a su modo de ver y de sus cercanos colaboradores no daba espera, están siendo cuestionadas por muchos y aplaudidas por otros,  reacciones completamente normales, algunas con criterio más objetivo que emocional o político, otras más subjetivas que racionales. Lo que extrañamos los usuarios de los servicios de EPM, es que su Junta Directiva renuncie al no coincidir con el alcalde, en vez de sostenerse en las discrepancias con el gobernante local, dejando para la opinión pública su punto de vista debidamente argumentado, pero sin abandonar abruptamente su compromiso con la  institución.

Aquí es pertinente reflexionar en lo que significa  “Actuar conforme al gobierno corporativo” En este punto coinciden plenamente dos destacadas mujeres ya mencionadas, Lina Vélez de Nicholls y María Paulina Aguinaga; ambas han expresado la  conveniencia de mantener al corriente de la Junta lo que se planea hacer, y en tal sentido en desacuerdo con el señor alcalde. Por nuestra parte agregamos, bien sea a manera de consulta para acordar decisiones, o bien simplemente para mantener la retroalimentación  entre los canales que señalan explícitamente los estatutos de la organización, sino además, para conservar las buenas relaciones institucionales; por lo que también vale recordar que “si por gobierno corporativo se entiende  el conjunto de políticas, cultura y regulaciones internas que guían la gestión de una empresa, con el propósito de hacerlo más transparente y eficiente”, esta buena práctica ha de ser de doble vía, es decir, en el más amplio sentido del relacionamiento en la pirámide organizacional, lo mismo que entre iguales en la jerarquía.

Para la resolución de conflictos -dicen los expertos en el mundo- el método de la retirada se acoge cuando ni la relación, ni el problema  son importantes. En cambio, cuando los dos componentes, relación y problema son trascendentales, la estrategia ideal se fundamenta, según los teóricos de Harvard,  en los principios del Gana/Gana. Pero cuando alguna de las partes pretenda negociar guardándose información,  o escondiendo los verdaderos intereses,  no se logra el objetivo de quedar por igual contentos. En cambio, conseguir el máximo de satisfacción posible, “ya que busca que ambas partes logren el cumplimiento de objetivos dentro de sus rangos de valores establecidos” se considera el arte de saber conquistar la victoria para ambas partes.

 

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