Colombia participara en la liga mundial contra la corrupción sería un equipo de media tabla para abajo. Así lo reconoció el último informe de Transparencia Internacional que ubicó al país con una calificación de 37 sobre 100 (siendo 100 la mejor nota) y lo calificó como uno de los tantos que están estancados y tienen un alto nivel de percepción de que la corrupción se volvió paisaje.
El puntaje del país en el Índice de Percepción de la Corrupción, medido por la ONG Transparencia Internacional, lo situó de 96 entre los 180 países evaluados. Los históricos de esta medición anual mostraron, además, que en la última década las cosas para Colombia poco o nada han cambiado.
A esa sensación de estancamiento y de batallas perdidas contra un flagelo que atenta contra el patrimonio público, le salió la semana pasada una pequeña ventana de esperanza: el Gobierno Nacional presentó ante el congreso un proyecto de ley Anticorrupción que busca endurecer las penas para quienes resulten culpables y que además quiere dotar de herramientas y medidas de protección para quienes se atrevan a denunciar irregularidades.
Este último, un dato no menor. Según el Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, de Transparencia Internacional, el miedo manda en Colombia y en los países vecinos: 78 de cada 100 personas que tienen información que podría destapar un escándalo temen represalias.
El periódico El Espectador le dedicó un editorial al proyecto de ley (2020/10/28) y lo calificó como ambicioso y pertinente: “la nueva iniciativa, impulsada desde la Vicepresidencia, tiene una serie de medidas que el país necesita. Ante todo, les enviaría un mensaje simbólico poderoso a los colombianos y a los corruptos: los recursos (públicos) son sagrados. Dentro de las prioridades del Legislativo debería incluirse esta propuesta, que tiene buenas ideas para intervenir en las dinámicas corruptas que tanto conocemos”.
Una mirada más escéptica tiene el académico Jorge Giraldo, profesor de la Escuela de Humanidades de Eafit, para quien este tipo de iniciativas inciden poco en lo práctico cuando se trata de una corrupción sistémica y que suele cooptar entidades como los organismos de control. Esa corrupción suele ser de doble vía (no solo servidores públicos) y termina permeando gran parte de los escenarios en la sociedad y logrando la connivencia de la ciudadanía.
“En lugares donde la corrupción es episódica, instrumentos como la legislación penal o darle más dientes a los organismos de control son adecuados porque de alguna manera es como la doctrina de las manzanas podridas: las instituciones están bien diseñadas y el problema son individuos que hacen mal uso de sus cargos. Pero la corrupción sistémica, que es lo que yo creo que se vive en el país, es cuando ya el diseño de la institución y de los instrumentos públicos están viciados”, explicó.
Ética vs corrupción
Vale recordar que aunque no hay un consenso mundial y un concepto unificado entre los países sobre qué es corrupción, la RAE la define en una de sus acepciones como “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
En Colombia se asocia a varios delitos contra el patrimonio y la administración pública tipificados en el Código Penal como peculado, celebración indebida de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento público y cohecho por dar u ofrecer, entre otros.
Ana Cristina Aristizábal, docente universitaria y columnista, ha trabajado el tema de la ética en las aulas y ha investigado fuera de ellas la relación entre el dinero fácil y esa posibilidad de corromperlo todo en sociedades como la Medellín de antaño.
“La corrupción es la mayor muestra de egoísmo del ser humano. Es la evidencia de un ser que, en su desarrollo moral y emocional, no es capaz de ver al otro: que privilegia lo privado sobre lo público”, explica.
Una problemática que es difícil de cambiar cuando los jóvenes llegan ya con una escala de valores trastocada desde la propia casa: “Si la formación no inicia desde el hogar es difícil que ese ciudadano cuando crezca sea ético”.
Ese concepto de corrupción, en el sentido más amplio, lo explica Jorge Giraldo como esa alteración de los fines propios o de los medios propios de una persona o de una institución o de un proceso social.
“La sociedad contemporánea asocia la corrupción a las instituciones públicas y ahí se entiende como cuando los gobernantes, o administradores públicos, usan el poder que se les otorgó para fines distintos a los que se consagran en la constitución o en la ley”, explicó.
En palabras del académico las sociedades occidentales están cimentadas en el principio de que “todos somos iguales, de que tenemos iguales derechos a pedir que se nos apliquen las políticas públicas y se nos respeten las libertades individuales o los derechos consagrados en Constitución y en la ley y la corrupción rompe ese esquema al privilegiar intereses particulares sobre los intereses generales.
Para Alejandro Álvarez, integrante del colectivo Ciudad Verde, la corrupción provoca el desentendimiento de lo público y la imposibilidad del beneficio colectivo: “es el triunfo de la apatía sobre la solidaridad. Es una forma de desviar los recursos que permiten oportunidades y generan cohesión. Es esa barrera que impide un mundo más justo y más equitativo.
Una barrera que, aunque difícil de eliminar de tajo, tiene que ser un objetivo conjunto en todas las sociedades y una especie de utopía para soñar con mejores modelos de desarrollo.
¿Cómo combatirla?
Para Álvarez tiene que haber una apuesta por la educación crítica que forme ciudadanía activa y diferentes mecanismos de participación que pongan constantemente sobre la mesa el tema de la corrupción para que haya una polifonía de voces, y actores, preocupados por lo público.
Un concepto en el que coincide la docente Ana Cristina Aristizábal, quien también señala que es clave el papel de la justicia para dar esa percepción de que las instituciones actúan y dan garantías a quienes denuncian:
“Si todo ese proceso de formación ciudadana y de vigilar lo público no va a la par de unos órganos judiciales actuantes, operativos y justos, la ciudadanía se desmotiva y pierde la confianza en las instituciones”.
Giraldo también concuerda en que para avanzar en mitigar esas malas prácticas (corrupción) debe haber iniciativas desde la academia como la Escuela Nacional del Carácter, que funciona en EE.UU desde los años 90 y que busca “formar a los jóvenes en la acción moral que involucra pensamiento y emociones” y que ha sido replicado en algunas universidades colombianas. Ahí salen a la luz valores que no son innatos como el coraje y que deben florecer cuando el patrimonio público está en riesgo.
Los medios de comunicación y la publicidad, y los modelos de éxito que proponen (muchas veces asociados al dinero fácil) también tienen una cuota de responsabilidad, pero de eso hablamos en otra entrada.
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