(DESDE LAS REDES) Culpa Grave

NdeR. Este texto comenzó a viralizarse en los grupos de chat especializados peridendo en su viaje el nombre del autor. IFMNOTICIAS lo toma y reproduce por el valor explicativo que tiene sobre la situación de HidroItuango.

CULPA GRAVE

El despliegue mediático sobre Hidroituango ha sido tan amplio y desbordado que hasta la JEP asocia la búsqueda de víctimas del conflicto armado con el proyecto. Los asuntos alrededor del proyecto de ingeniería más importante en la historia de Colombia deberían ser tratados con la altura que merece, tanto por la osadía de enfrentarse a una intervención de esta magnitud en la naturaleza, como por el monto de la inversión y de su impacto positivo general.

Desafortunadamente la explotación mediática con fines políticos personales, con el nombre de Hidroituango, ha llevado a algunas autoridades y figuras públicas a capitalizar a su favor este despliegue mediático. Y es que esta coyuntura ha servido, incluso, como plataforma política a candidatos en campaña, como el caso del alcalde de Medellín. Muchos señalan al alcalde Quintero de haber hecho durante la campaña un manejo sensacionalista sobre un problema serio que amerita más análisis y propuestas sensatas que críticas y que hoy, con mayor razón, son necesarias.

De igual manera, el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez hizo en su momento un show mediático buscando intereses políticos y mostrándose, al igual que Quintero, como adalides de la “verdad” y de la transparencia. En este comportamiento erróneo también están cayendo hoy diferentes autoridades y figuras del espectro político nacional, llevando la situación a un extremo tal, que en vez de trabajar para lograr el máximo reconocimiento por el valor de los daños sufridos por la contingencia en favor de las arcas públicas, arriesgan con sus actos a impedir el derecho a la reparación por parte de las compañías reaseguradoras extranjeras. Estas actuaciones se dan en algunos casos, seguramente por desconocimiento y falta de profundidad en el análisis de las condiciones imperantes; pero en otros, dejan a la imaginación respuestas menos excusables.

Veamos:
No hay que entrar a analizar lo sucedido el 28 de abril de 2018. Ha sido ampliamente difundido. Hay que referirse a las consecuencias: En este proyecto, como en cualquiera de explotación económica, un retraso en la entrada en operación y un aumento en el valor de la inversión inicial, generan una afectación en los resultados esperados. La suma de estos dos impactos determina la magnitud de la afectación.

Ahora bien, en la construcción de un proyecto como el que nos ocupa, se sabe de antemano que ambas cosas pueden ocurrir. Es precisamente por esta razón que se adquieren pólizas de seguros -nada baratas por cierto- para trasladar el riesgo y las consecuencias que se presenten por eventos que conlleven a atrasos y reparaciones. Es decir, se conoce que los imprevistos -riesgos- pueden ocurrir y si no fuera así, sería un delito comprar las pólizas de seguro.

Para el caso en cuestión, se adquirió por parte de los dueños del proyecto coberturas hasta por US$ 2.556 millones para daños, y de US$ 628 millones para el retraso en la entrada en operación, correspondiente a un año de utilidad de las 8 turbinas. Esta es la famosa póliza de todo riesgo en construcción (TRC).

Como muchas pólizas, esta tiene unas condiciones especiales. Una muy común, es que se excluye expresamente la cobertura si los hechos que se presentan tienen origen en el dolo o -LA CULPA GRAVE- norma que además es de ley. Adicionalmente, esta en particular tiene otra condición llamada LEG-2, la cual se refiere a restar de los reconocimientos aquellos efectos que, como consecuencia de “Defectos en el diseño, materiales o mano de obra” lleguen a ocurrir. Sobre estas dos condiciones giran, no solo el derecho al reconocimiento como un todo, sino una disminución muy grave en el reconocimiento del seguro si por las acciones de las autoridades y administraciones actuales se impusiera la tesis de que lo ocurrido tuvo su origen en el dolo o LA CULPA GRAVE…! no se reconocería ningún seguro!

Entendido lo anterior, en varios medios han aparecido declaraciones de EPM en las cuales estiman que el monto de los daños como consecuencia de la reparación ascenderá a una cifra cercana a los US$ 1.200 millones. Si se le suma el reconocimiento del seguro del retraso en la entrada en operación de US$ 628 millones menos el deducible de 90 días, daría US$ 471 millones por este concepto.

En resumen, el valor aproximado a recibir del grupo de reaseguradores (mayoritariamente extranjeros) es la no despreciable suma cercana a los US$ 1.700 millones, lo que en pesos colombianos significa casi seis billones de pesos, óigase bien, SEIS BILLONES.

Sin embargo, las actuaciones de algunos dirigentes y autoridades podrían llevar a que tal reconocimiento pudiera ser NINGUNO, o con mucha suerte, resultar disminuido en algo cercano a un billón de pesos. Como si esto fuera poco, como efecto dominó en las responsabilidades contractuales y extracontractuales con terceros, la magnitud de la afectación para EPM puede materializarse en muchos billones más.

Analicemos:

Cuando ocurrió el siniestro y como estaba acordado en la póliza, se nombró de común acuerdo un ajustador entre el asegurado (EPM) y de la aseguradora (MAPFRE) y sus respaldos (reaseguradores) para determinar la causa raíz. Este ajustador fue SKAVA, cuyos expertos determinaron que la causa más probable -mas no demostrada- fue la erosión en una zona del túnel con presencia de cizallas. Como resultado de la aceptación por las partes de esta causa, se dio la cobertura.

Sin embargo y lógicamente ante la magnitud de la cifra en juego, las reaseguradoras por su parte ordenaron a otra firma ajustadora -ADVANTA- que adelantara su propio estudio de causa raíz, el cual fue analizado exclusivamente por ellas y no fue opuesto al informe de SKAVA como causa raíz. Es decir, las reaseguradoras no encontraron en éste motivos o evidencias demostrables que los eximiera de cumplir con su parte del contrato, lo que les significó, ni más ni menos, que reconocer el siniestro de seis billones.

Y esto es un asunto de la mayor relevancia. Este reconocimiento no puede ser explicado por razones diferentes a que las propias reaseguradoras encontraron que el informe -que ordenaron y por el cual pagaron- no tenía materia probatoria suficiente que ameritara negar el siniestro e incurrir en un costoso litigio.

Así las cosas, las reaseguradoras al estimar el contenido de su informe, lo archivaron y procedieron a dar la nota de cobertura el 16 de septiembre de 2019. Textualmente indican que el evento tiene cobertura, razón por la que se procedió a desembolsar el dinero a EPM, primero US$ 150 millones y posteriormente otros US$ 100 millones, estando pendiente el pago del resto de la cobertura, para llegar, dando el soporte necesario, a la apreciable suma de los seis billones de pesos.

Eso sí, se reservaron el derecho de solicitar el reembolso de lo pagado y negarse a pagar el resto si “surgía algo” que pusiera en duda la veracidad de las afirmaciones efectuadas.

Todo apuntaba a que EPM recibiría de las aseguradoras el máximo valor posible, esto es, los seis billones mencionados anteriormente; pero entonces, y luego del cambio de la administración municipal y del gobierno corporativo de EPM, vinieron las acciones del alcalde Quintero Calle. Así, el pasado 10 de agosto de 2020 inició un proceso contra los subcontratistas de EPM, diseñadores, interventores y constructores del proyecto, indicando que existen supuestos incumplimientos contractuales. Posteriormente, en un evento que hasta ahora no han esclarecido, se difundió un documento que milagrosamente “apareció” en EPM -el informe de ADVANTA-, de propiedad de los reaseguradores que fue considerado por las reaseguradoras no ser causal para no reconocer el seguro.

Ambos actos (demanda y aparición del informe), gozaron del correspondiente despliegue en medios de comunicación y si bien el primero es un acto de acceso al público, decidieron que el segundo, que contiene el documento “revelador” de “verdades incómodas” debería ser público, remitiéndolo entonces -mediante impresionante espectáculo- a la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, medios, etc., todo con una connotación disfrazada de un seductor discurso por “recuperar dineros públicos”, y “que se sepa la verdad”, además de acuñar el mensaje de que “para hacer lo correcto no hay que pedir permiso” refiriéndose a su junta directiva en EPM.

Y es que en realidad suena muy bonito si efectivamente fuera la consecuencia de esos actos, pero resulta que es todo lo contrario.

Revisemos:

Con el primer acto, el de reclamar a los subcontratistas indicando que estos incumplieron sus contratos, configuran una inmediata aceptación ante los aseguradores de que las consecuencias de la cláusula LEG-2 deben operar a favor de estos, pues auto-declara la existencia de problemas en materia de diseño, materiales y mano de obra, implicando una disminución en lo que debe reconocer la aseguradora a EPM de una cifra cercana a un billón de pesos. Por otro lado. Y cómo premio adicional, consecuencia de esta auto- declaración de culpabilidad, quedan reconocidas las responsabilidades contractuales de EPM ante la propietaria del proyecto Hidroituango S.A. E.S.P. y las responsabilidades extracontractuales frente a las comunidades de aguas abajo que están aprovechando semejante afirmación y reclaman billones en indemnizaciones.

Esta es una muy costosa actuación que, aunque disfrazada mediáticamente de recuperar de los contratistas 9,9 billones, mediante un litigio en el que debe demostrárseles culpabilidad, y quienes no tienen ni la décima parte de este monto en sus patrimonios, implicando como consecuencia para EPM eximir a la compañía de seguros de pagar a la fija una cifra cercana a un billón de pesos, además de abrir un impresionante boquete a reconocimientos e indemnizaciones billonarias.

Las consecuencias del segundo acto son aún más complicadas. Una vez hizo público el informe de la reaseguradora, y este fue remitido a los entes de control, está siendo evaluado por la Contraloría General de la República como piedra angular en el proceso de responsabilidad fiscal que adelanta, para evaluar la existencia o no de CULPA GRAVE, la misma CULPA GRAVE que por ley eximiría a las reaseguradoras de cumplir con la indemnización. CULPA GRAVE que fue desestimada por los propietarios del informe o sea las mismas reaseguradoras.

Aunque les resulte increíble, es cierto: los reaseguradores no consideraron pertinente o apropiado presentar este mismo informe en oposición al de SKAVA, pudiéndose ahorrar SEIS BILLONES en el caso de que se impusiera que, lo allí contenido, demuestra que los hechos que generaron la contingencia tienen origen en actuaciones que implican la CULPA GRAVE. Sin embargo hoy, como consecuencia de actos mediáticos y por interpuestas personas, las reaseguradoras se encontrarían con una bendición que les ahorraría seis billones de pesos sin tener que mover un solo dedo. Vaya resultado tan increíble y azaroso si llegare a ocurrir.

A los colombianos nos queda rezar para que las autoridades caigan en cuenta prontamente y corrijan, pues de no recapacitar, abrirían el camino a billonarios pasivos en indemnizaciones e impedirían, con sus propios actos, que ingresen a las arcas públicas cerca de seis billones de pesos provenientes de los reaseguradores extranjeros, que subsanarían una muy buena parte de las consecuencias de esta lamentable contingencia; que dicho sea de paso, no tiene explicación científicamente demostrable hasta ahora por ningún estudio. Todas las explicaciones han sido altamente especulativas, meras hipótesis.

Después de este análisis, resulta inconfundible que, quienes están actuando con CULPA GRAVE son aquellos que con sus actos, ponen a jugar informes y que prohijan tesis temerarias e inconvenientes. Por mucho que se proclamen adalides de la moral y dueños de la verdad, van en contravía del interés público.

Para hacer lo correcto, primero hay que saber qué es lo correcto.

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