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Demanda propuesta por alcalde de Medelín a contratistas, podrá costar 5 mil millones de dólares

La decisión del alcalde Quintero ya está generando polémica dentro del proyecto pues “los contratistas ya advirtieron que solo se acatarán solicitudes de la empresa por escrito y con instrucciones precisas”

Por: Juan Felipe Vélez

La alcaldía de Daniel Quintero el día de ayer fue objeto de gran polémica por la renuncia de las juntas directivas de dos grandes instituciones de la ciudad: Ruta N y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta señal es preocupante, pues denota una inferencia política en los dos pilares del Gobierno corporativo de Medellín.

PanAm Post consultó con un funcionario de EPM —quien pidió que su identidad fuera reservada— sobre lo que está ocurriendo dentro del Grupo Empresarial. La fuente reveló que tras la decisión de la demanda hacia Hidroituango, hubo negligencia por parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, y posiblemente se le habría ocultado información a la junta directiva.

Entre las implicaciones inmediatas de la demanda de Quintero, estaría el atraso del proyecto Hidrotiuango: “Cuando se demanda a un contratista en medio de un proyecto, lo más natural es que el contratista comience a trabajar de forma menos eficiente, se le acaba la innovación y las ideas para acelerar la obra, e incluso puede que se pare en absoluto”, afirmó el funcionario público.

La fuente comentó que la decisión del alcalde Quintero ya está generando polémica dentro del proyecto pues “los contratistas ya advirtieron que solo se acatarán solicitudes de la empresa por escrito y con instrucciones precisas”.

De llegar a escalarse la tensión en el proyecto es probable que EPM tenga que buscar nuevos contratistas, y organizar nuevas licitaciones. “Este proceso, podría atrasar el proyecto cuando menos dos años”, según el funcionario de EPM. El problema aquí es que EPM tiene compromisos con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) producto de haber ganado la subasta por el cargo de confiabilidad con Hidroituango.

Según la fuente “la primera etapa de esta subasta es de un valor de $190 millones de dólares, que se pagarían en el lapso de 10 años, si el proyecto entraba en operación en el 2019, pero esa la perdimos por los fortuitos ocurridos. La segunda etapa es por el valor de $60 millones de dólares anuales, durante 20 años, es decir, unos $1 200 millones de dólares; con esta demanda muy seguramente el proyecto no estará para el 2022 y perderemos ese dinero, aparte de que seremos sujetos a una multa por el valor de $170 millones de dólares por incumplir las garantías de la subasta. Si el retraso se extiende más allá del 2023, la empresa posiblemente pierda la tercera etapa de la licitación por $17 millones de dólares anuales, sin incluir la multa respectiva”.

Todo esto sin contar la energía que no se vendería por los próximos 2 años. Hidroituango es un proyecto con capacidad de generar 13 000 gigas al año. Es decir, 13 millones de megavatios-hora (mw/h). “En las condiciones de mercado actual el MW/h se paga alrededor de $50 dólares. En un lapso de dos años esos ingresos dejados de percibir totalizarían los 650 millones de dólares”advirtió el servidor público.

De insistir en proceder con la demanda EPM también estaría desestimando su caso ante una demanda que la empresa enfrenta con las comunidades rió abajo del proyecto Hidrotiuango. «En estos momentos EPM es sujeto de una demanda por parte de esas  comunidades por el valor de 11 billones de pesos. El alcalde al proceder con la demanda estaría desestimando los argumentos que tiene EPM, y los estudios de que el retraso de Hidroituango fue un hecho fortuito, y podríamos perder esta demanda por recuperar 9, 9 billones que los seguros ya nos están pagando”.

Por otro lado EPM podría verse sujeto a una demanda por parte del resto de los accionistas de Hidroituango incluyendo el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), quién tiene un 50 % de la participación. Según la fuente del PanAm Post, «la sociedad Hidrotiuango hizo un contrato con EPM para que construyera y operara el proyecto durante un número de años y después se le devolvería a la sociedad. Por el retraso de dos años el IDEA junto con la gobernación podrían demandar a EPM. Supongo que para los intereses de la gobernación ese lucro cesante podría ser por el equivalente de 1 billón de pesos».

De acuerdo con el funcionario de EPM, las aseguradoras ya habrían desembolsado alrededor de 150 millones y se comprometerían a un desembolso superior a los 2 billones de pesos por los daños ocurridos en Hidroituango: “Una de las razones por las que nos han pagado los seguros es porque argumentamos que el retraso era un caso fortuito. Al demandar al contratista estamos negando ese caso fortuito y posiblemente las aseguradoras pidan ese dinero de vuelta”.

En la carta de renuncia enviada por los exintegrantes de la junta directiva de EPM se manifestó que “no conocemos que se hayan estructurado la matriz de riesgos para estas decisiones y sus correspondientes planes de mitigación”. La fuente indicó que el equipo de riesgos de EPM si habría estructurado dicha matriz a comienzos de este año: “La gente de riesgos a principios de este año hizo la valoración y concluyó que no valía la pena proceder con la demanda y la desestimó. La junta desconocía de esta matriz, sólo la conocía el gerente y el alcalde”.

Según el funcionario la renuncia de la junta directiva junto con la demanda de Hidroituango pondrían al grupo EPM en una situación muy delicada. Ya FITCH bajó la calificación de riesgo de EPM a BBB-, «debido a la creciente intervención del propietario, la ciudad de Medellín, en la administración de la compañía, lo que ha representado un deterioro en el gobierno corporativo de la empresa».

Para el primer trimestre de 2020 el pasivo de largo plazo de EPM constituía alrededor de 25 billones de pesos, según el funcionario entrevistado, “dentro de ese pasivo hay un crédito por el valor de $200 000 dólares hechos por Bancolombia y HSBC, dentro de las cláusulas de este prestamos se encuentra el compromiso de sostener el grado de inversión de la deuda y sostener una relación EBITDA-pasivo de largo plazo de 3,5. En caso de que se le bajara el grado de inversión o incrementara la relación de ingreso operacional deuda de largo plazo, Bancolombia y HSBC podrían exigir el pago inmediato de la deuda a EPM”.

El problema aquí es que “buena parte de la deuda de EPM se sostiene en bonos de deuda con cláusulas de incumplimiento cruzadas”, es decir, una vez un acreedor de EPM solicite el pago de la totalidad de la deuda los otros podrán hacerlo. El activo corriente de EPM no supera los 8 billones de pesos, y puntualmente en caja no tendría “más de $750 000 dólares”. Esto significaría que, en caso de aplicarse las cláusulas cruzadas de los préstamos, EPM tendría que vender parte de sus activos para poder responder a sus obligaciones financieras.

“El principal riesgo de EPM es de riesgo político, lo que está sucediendo puede que incremente ese riesgo político y pasemos de tener grado de inversión a grado especulación, es decir, nos volveríamos un cliente poco confiable, y no solo se nos aplicarían las cláusulas de los préstamos, sino que se nos haría más difícil acceder a créditos en un futuro”, aclaró el funcionario.

Y aparentemente el problema por la incertidumbre del futuro de EPM ya comenzó, “ayer en Panamá se iba a suscribir un préstamo con Scotia Bank. La gente del banco dijo a las personas en Panamá que no iban a hacer el desembolso por el problema político en la casa matriz”.

Teniendo en cuenta el lucro cesante que deja de obtener EPM por el retraso de Hidroituango, la multa por parte de la CREG,  la demanda de las comunidades aguas abajo, más la posible demanda del IDEA; la decisión de Daniel Quintero podría costarle a EPM $5 000 millones de dólares entre pérdidas e ingresos dejados de obtener, es decir, un poco más de 18,5 billones de pesos, y todo por pelear una demanda simbólica con los contratistas del proyecto. Todo esto sin tener en cuenta el cobro inmediato de la deuda de largo plazo de EPM sujeta por las cláusulas de incumplimiento cruzadas, lo cual obligaría a la empresa e vender activos para responder a ellas.

De proceder con una demanda de carácter político a los contratistas del proyecto, en contra de la opinión de sus expertos, junto con el nombramiento de una junta títere, Daniel Quintero, podría ocasionar el detrimento de patrimonio público representado en la pérdida de activos valiosos de la empresa y recursos importantes para el Grupo y para los medellinenses. Alcalde Quintero, EPM es de los medellinenses, no del alcalde, y su gobierno corporativo está por encima de cualquier proyecto político de cuatro años, y justamente se ha buscado que sea así para prevenir que su funcionamiento caiga en manos de demagogos.

Vía: Panampost

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