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Defender nuestras empresas

Por: Ricardo Mejía Cano

Hace unos años el presidente Santos quiso tomarse el Metro de Medellin. Presionó a la junta de la época para nombrar en la gerencia funcionarios de su círculo político, pero sin ninguna experiencia para el cargo. La junta de manera muy cortés descartó cada uno de sus candidatos.  Santos finalmente cambio sus 5 representantes en la junta y nombró un ministro, un viceministro y otros 3 súbditos a su servicio. Así pudo cambiar al gerente.

Afortunadamente la OECD, club al que quería ingresar, prohibía tales acciones. Rápidamente se restableció el buen gobierno del Metro.
El Buen Gobierno debe promover la independencia de los órganos de gobierno: que funcionen los balances y chequeos necesarios para que ninguno se exceda en sus poderes. James Madison, cuarto presidente de los EE.UU., quien participó activamente en la elaboración de la constitución de su país, expresó este principio de manera magistral: “La concentración de poder en el legislativo, el ejecutivo y el judicial en manos de uno, pocos o varios individuos, quienes lo obtienen por autoproclamación, por razones hereditarias o elegidos por el pueblo, es el origen de la tiranía”.

Igual aplica para las empresas y las instituciones: La independencia de poderes y la separación de funciones entre la asamblea de accionistas, la junta directiva y la gerencia es la esencia del buen gobierno. La principal función de la asamblea es elegir a la junta directiva y evaluar su desempeño, la de la junta es elegir al gerente ejecutivo y orientarlo en el direccionamiento de la institución, sin usurpar sus funciones del manejo del día a día. La junta debe además evaluar con regularidad el desempeño del gerente, para poderlo orientar correctamente, o reemplazarlo, de ser necesario.

La segunda función más importante de la junta es ayudar y orientar al equipo de la gerencia en la formulación de la estrategia. En el desarrollo de esta, uno de los objetivos más importantes es determinar las competencias que se requerirán para sortear con éxito los futuros retos. Esto incluye preparar al equipo directivo que liderará la institución en los próximos 10-20 años.

Según la ley de Servicios Públicos de 1994: «Los miembros de las juntas directivas de las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios serán escogidos por el Presidente, el gobernador o el alcalde, según se trate de empresas nacionales, departamentales o municipales…». La mayoría de las ESP del país en lugar de corregir el anterior desvarío de los legisladores lo agravan: en sus estatutos establecen que al gerente también lo nombra el correspondiente mandatario. La tiranía de que hablaba el Sr. Madison.

Para diseñar e implementar programas a largo plazo, actividad indispensable para alcanzar el éxito empresarial, los dueños o sus representantes, la junta y el gerente deben tener estabilidad. No puede una institución tener buen gobierno si el representante de los dueños, su junta y el gerente se cambian cada 4 años. Con frecuencia los mandatarios de turno se creen dueños de la institución, en estos casos es obligación de los ciudadanos recordarles que no se deben extralimitar en sus funciones.

Se equivoca el gerente de EPM cuando en declaraciones al diario El Colombiano dijo cumplir con las mejores políticas de buen gobierno. Cumple con los estatutos, pero estos de ninguna manera reflejan las prácticas de buen gobierno.

¿Qué hace una junta que no nombra al ejecutivo que le debe reportar y que por ser su periodo de sólo 4 años, no puede desarrollar planes a largo plazo, ni trabajar en la formación de los futuros directivos? El 70% del éxito del trabajo de la junta está en escoger un buen gerente. Si no realiza esta función y el gerente en la práctica no le reporta, tampoco tiene sentido que lo evalúe, pues sería un ejercicio académico sin valor. Entre los candidatos del acalde para la nueva junta de EPM hay profesionales excelentes. Pero ¿Para que esa junta?

Como sostiene el acalde Quintero, los estatutos de EPM necesitan una reforma, pero precisamente en sentido contrario a lo que él quiere.

La administración municipal está empeñada en destacar todas las fallas de EPM para justificar ante la ciudadanía el golpe de estado que dio. Crear una empresa cuesta años, acabarla un par de meses.

EPM, como otras empresas del municipio y del departamento, son de los medellinenses y de los antioqueños, no de los gobernantes de turno. Es urgente diseñar mecanismos que eviten que los mandatarios se apropien de ellas para su beneficio personal y político, en desmedro de los intereses de la ciudadanía.

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