La Alcaldía de Medellín y la Federación de Municipios habían interpuesto una acción de nulidad de la sentencia que obliga a que cuando se expide una fotomultiplicador, esta sólo será válida si se identifica al conductor.
Según los reclamantes, el argumento se basaba en la supuesta violación de los precedentes judiciales. Según los reclamantes, existían al menos tres sentencias de este Alto Tribunal en donde se señalaba que en materia sancionatoria de tránsito terrestre es constitucional establecer mecanismos de responsabilidad entre el propietario y el conductor de los vehículos, sin necesidad de que la norma señale expresamente la existencia de un trámite contravencional para establecer si el propietario del vehículo participó en la comisión de la infracción de manera culpable.
Pero estos argumentos no fueron aceptados por la Corte Constitucional tras la revisión que hizo del fallo, dejando en firme la sentencia original que obligará a que una foto multa sólo sea válida si se identifica al conductor y no simplemente por presunción al propietario del vehículo.
La decisión de la corte se dio con una votación de 8-1, y con ella, los magistrados negaron la nulidad de la sentencia que deja en problemas a los sistemas de fotomultas en el país, al imponerles a las autoridades de tránsito la obligatoriedad de identificar al conductor antes de sancionarlo.
Esto obligará a que las autoridades de tránsito y los proveedores, deban escalar la tecnología actual, a cámaras con sistemas de identificación facial e inteligencia artificial; lo que lleva a un nuevo debate sobre el derecho a la privacidad toda vez que el interior de un vehículo se concibe como un espacio íntimo privado.
Medellín es una de las ciudades del país con mayor cantidad de cámaras en las calles tanto para el control de la vigilancia y seguridad ciudadana como en las vías para el control del tráfico y las fotomultas; siendo además criticada la efectividad de las fotomultas, sobre todo por la dudosa ubicación de la mayoría de ellas en las que se discute si realmente evita la accidentalidad o sólo incrementa la idea de un Estado recaudador.
La tecnología de cámaras de foto multas en Medellín posee un sistema de inteligencia artificial para identificación de la placa que además es cruzada con la base de datos de seguridad y policía con la que se puede establecer si el vehículo es un robado o ha tenido algún antecedente, igualmente con la base de datos de las aseguradoras para establecer si la vigencia del seguro obligatorio es correcta y finalmente con la base de datos del Runt, con la que pueden establecer el propietario y si tiene multas.
El requisito que ordena la Corte Constitucional resulta prácticamente insuperable, pues en Colombia ninguna de las 473 cámaras autorizadas tiene reconocimiento facial, y se trata de una tecnología que aún está muy lejos del alcance de las autoridades Y que obligaría a una reubicación de las mismas.
Este fallo impacta directamente las finanzas de los entes territoriales en cerca de 600 mil millones de pesos al año en todo el país, según lo recaudado el año anterior solo en fotomultas.
En el 2919 se multaron con cámaras a un promedio de 144 colombianos por día 280 mil vehículos entre carros y motos, solo por mal estacionamiento y a cerca de 500 mil conductores por exceder el límite de velocidad.
Para la Corte Constitucional, que se presuma la culpabilidad en la comisión de una infracción en el propietario y no en el conductor, es una violación al debido proceso y a los derechos que garantizan la defensa; es decir, si el propietario no fue quien cometió la infracción, en el sistema actual, no tiene cómo defenderse para argumentar que él no fue la persona que cometió la infracción y que por ende no tiene porque pagar.
en concepto de la corte la comisión de infracciones es de índole personal y no solidaria.
así las cosas con el nuevo fallo que dejen firme la reclamación de la alcaldía de Medellín corresponderá a las autoridades idearse la manera de continuar con el control a los infractores, bien sea pensando en una nueva tecnología o en disponer de más agentes en las calles.
