Por: Eduardo Mackenzie
La prensa cubana anunció este 9 de octubre que unos nueve mil indígenas del Cauca se concentraban en el norte de ese departamento desde donde se lanzarían en caravana de camiones y buses hacia la ciudad de Cali, pasando primero por Jamundí y Santander de Quilichao. Detalló que esperaban llegar a la capital del Valle el 12 de octubre donde esperan ser recibidos por las autoridades locales y nacionales quienes tendrán que ofrecerles albergues, alimentos y permisos para transitar “por los lugares por donde se moverán”.
Un cable de Prensa Latina explica que el término “minga” quiere decir “movilización tradicional [de indígenas] por sus derechos” y que esa costumbre surgió recientemente, en 2008, “de una serie de marchas y protestas con (sic) entre 45 mil y 60 mil indígenas de diferentes etnias, sobre todo de origen nasa.”
Como cosa curiosa, los jefes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) habían dado a la prensa colombiana cifras diferentes sobre el número de integrantes de la caravana: solo 800 de “diez pueblos indígenas del Cauca”, mientras que a los cubanos les hablaron de 9 000.
La “minga” de este año espera ser recibida por el presidente colombiano Iván Duque el 12 de octubre, para discutir “sobre la vida, el territorio y la paz”, según la agencia cubana. Una radio bogotana cree saber que la caravana protestará ante el jefe de Estado “por los crímenes de líderes sociales y las masacres en el territorio caucano”, como si en tales atrocidades hubiera una participación directa o indirecta del gobierno.
La prensa habanera precisó que los jefes del CRIC ordenarán finalmente la concentración de los movilizados en El Coliseo de Cali, el 13 y 14 de octubre “para esperar [la] respuesta” del jefe de Estado. Sin embargo, la caravana indígena tiene la intención de participar en un “debate” de más amplio alcance con Duque pues el CRIC dio a entender que el temario con el presidente colombiano será, además, “el manejo del país”. De hecho, lo que hacen los jefes de la “minga” es retomar pura y simplemente el discurso excesivo de las Farc sobre el pretendido “incumplimiento a los acuerdos de paz” y su variante retórica más reciente: la frase sobre la imaginaria “muerte de la democracia”.
William Vallejo, el secretario de Movilidad de Cali, teme que el nuevo desplazamiento de indígenas ocasione disturbios una vez más en las carreteras, como ocurrió casi siempre durante el desarrollo de las anteriores “mingas” del CRIC. Para tratar de evitar los desmanes, Vallejo habría pactado con los jefes qué vías utilizará la nueva caravana y en qué condiciones. El gobierno de Iván Duque ha subrayado que respeta el derecho a hacer tales manifestaciones pero advirtió que “de ninguna manera ésta debe implicar afectación a los derechos de los colombianos a viajar por las carreteras de Colombia, ni se debe detener la reactivación económica”.
La agencia cubana asegura por su parte que “minga” es un término quechua “que significa solicitar ayuda prometiendo algo”. No se sabe qué es lo que promete la “minga” versión 2020. Lo que es visible es que en lugar de prometer algo los jefes del CRIC le exigirán, de nuevo, como es lo habitual, más dinero al gobierno nacional, no sin acusarlo previamente de “incumplir lo pactado” en años anteriores, afirmación que es rechazada por el gobierno colombiano.
Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, declaró ayer, en efecto, que “no hay ninguna razón para argumentar” que hay incumplimiento del gobierno en los pagos a esas comunidades, ya que Bogotá ha cumplido los “compromisos adquiridos con la minga indígena, campesina y afro del suroccidente del país”. El alto funcionario especificó que el presupuesto acordado a los indígenas del Cauca “aumentó un 40% en el presupuesto de inversión, pasando de 900 mil millones de pesos a 1.2 billones”.
La respuesta del CRIC a tal anuncio del gobierno fue la de siempre: abuso verbal y ultimátums. En un comunicado, esa organización amenaza con “ejercer y aplicar los procedimientos de justicia propia” si llegare a aparecer, en su opinión, “cualquier agresión, infiltración o acción militar” de parte del gobierno. Para los exaltados jefes de la “minga” todo puede ser calificado de “agresión”, “acción militar” e incluso de “políticas de muerte”. Toda acción legítima de vigilancia de la fuerza pública de la enorme caravana es convertida por ellos en pretexto para lanzar acusaciones belicosas y para exigir que el Estado deje de cumplir su labor constitucional de protección de la población. Los indígenas advierten que de Cali marcharan hacia la capital del país si el Presidente Duque no satisface sus reivindicaciones.
Poco después de iniciada la marcha, el CRIC llegó a quejarse de que un helicóptero de las fuerzas armadas había sobrevolado el sector de Monterilla, cuando un grupo de indígenas se concentró allí. El CRIC admite que esas personas llegaron a ese lugar para “hacer debate” con la población, punto que no está incluido en los acuerdos previos con el gobierno. Una cosa es permitir que la caravana avance por las carreteras aprobadas en el pacto con la secretaria de movilidad y otra que la “minga” se detenga en los pueblos para alebrestar, intimidar y adoctrinar a la fuerza a los habitantes de esas localidades.
La población del Cauca y de otros departamentos está cada vez más polarizada y opuesta a las “mingas” pues está viviendo de cerca los excesos, bloqueos de vías, heridos, ocupaciones abusivas de lotes y terrenos y hasta muertes que se presentan casi siempre durante esas “marchas pacíficas”. Por ejemplo, en marzo de 2019, el patrullero Boris Alexander Benítez Leclerc, quien intentaba impedir los desmanes, murió tras recibir un impacto de bala durante una “minga”. La llamada “guardia indígena” tan hábil para expulsar a la fuerza pública de ciertas zonas del sur del país, no quiso entregar a las autoridades el sujeto que disparó. Exasperado, el presidente Iván Duque tuvo que admitir que, según sus informaciones, “existen infiltraciones de grupos armados en las manifestaciones de la minga indígena, en el marco de los bloqueos, que se han venido registrando en los últimos días en la vía Panamericana.”
La comunidad indígena que más cólera está generando entre la población, por sus tomas intempestivas de tierra sobre todo en Santander de Quilichao, en las que emplean garrotes y explosivos –que ellos llaman “tatucos”–, es el grupo nasa. Las operaciones que desatan, además de aterrar a la población, generan muchas veces daños ambientales graves contra las fuentes de agua, los bosques y la fauna local.
Y algo que es peor: el 21 de marzo del año pasado, ocho indígenas y un estudiante de Univalle murieron y cinco personas más fueron heridos por un estallido de explosivos en un resguardo de indígenas nasa, en el municipio de Dagua. En ese momento, el bloqueo de la principal carretera del suroeste del país llevaba ya casi doce días, lo que había causado desabastecimiento de alimentos y combustibles en tres departamentos del sur del país. En lugar de reconocer que ellos habían causado por una manipulación errada esa tragedia, los voceros nasa revirtieron la acusación y hablaron de un “atentado” cometido contra ellos.
Esperemos que la minga en curso en el sur del país que espera discutir sobre el futuro político de todo el país no termine en nuevas barbaridades como las del 2019.
