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Colombia: ¿Hacia la guerra civil?

Por: Eduardo Mackenzie

La periodista Vicky Dávila ha dicho varias cosas importantes en su artículo de ayer sobre el expresidente Álvaro Uribe. O, mejor, sobre las intrigas que urde la subversión contra él, disfrazándolas de contienda “judicial”. Algunas afirmaciones de Vicky son inatacables, aunque son un poco cortas, como aquella de que “si los magistrados se equivocan le harán un daño irreparable a la credibilidad de la justicia”. Le harán, diría yo, un daño inmenso no solo a la justicia sino a Colombia toda y al continente. Una decisión aberrante, injusta, motivada políticamente, como es lo que se perfila en el horizonte, que termine en el encarcelamiento del senador Álvaro Uribe, con avalancha de odio callejero como los comunistas saben montar en cuestión de horas, podría desembocar en una división rotunda del país y en el comienzo de una verdadera guerra civil. Ese es el riesgo, señores.

No hay por qué emplear eufemismos. ¿Por qué transformar la grave explosión que viene en un trivial escándalo más sobre la acción de un grupo de magistrados? No, la situación que están creando los enemigos de Álvaro Uribe es mil veces más dramática que eso. Y será un ataque no solo contra Uribe sino contra la sociedad y contra el sistema socio-político de Colombia.

Aunque el artículo de Vicky Dávila tiene una evidente motivación altruista y no oculta su aversión por las maniobras abyectas de la subversión contra el ex presidente Uribe, Vicky se equivoca al darle la espalda a la presunción de inocencia. Ella dice: “No quiero entrar en la disyuntiva de si Uribe es inocente o culpable. Eso lo dirá la corte.” Error. Como periodista ella ha debido decir (pues el periodista respeta los derechos humanos y los principios universales de derecho): “Presumo que Uribe es inocente, hasta que un tribunal legítimo demuestre lo contrario”.

Esa presunción de inocencia es la que un puñado de extremistas trata de destruir desde hace años.

Obviamente, el “proceso” que existe en la Corte Suprema de Justicia contra Uribe es un intríngulis, un saco de nudos, que no se puede desmenuzar en unas cortas líneas. Sin embargo, la opinión pública tiene a su disposición, si los busca, los argumentos jurídicos completos que demuestran, de manera clara, la inocencia del senador Uribe. También hay numerosos artículos de prensa que resumen ese pleito y los puntos de vista de las partes.

El problema no es jurídico. Si lo fuera, el pronunciamiento que la CSJ anuncia para el jueves entrante no causaría ese malestar y esa atmosfera de sinrazón que se expande en el país y que el artículo de Vicky Dávila refleja bien. El problema es político, y siempre lo fue. Es político pues pone en juego la continuidad del Estado que hemos construido. La gestión de Álvaro Uribe como hombre público y líder de partido frustró los planes muy avanzados de Cuba para someter a Colombia, simultáneamente con Venezuela. La Habana ganó en Venezuela pero no ha podido con la resistencia del pueblo colombiano pues éste contó con el liderazgo fuerte de Uribe en los momentos más cruciales. Cuba y los otros poderes depredadores buscan liquidar ese obstáculo. Ellos piensan que nada ha cambiado en Colombia desde abril de 1948.

El proceso de Uribe por supuesta “manipulación de testigos” es, desde el comienzo, anómalo. Ningún magistrado profesional daría un peso por las pruebas que la clique de Iván Cepeda Castro ha presentado. Vicky Dávila dice que son cinco los magistrados que discuten en estos momentos la suerte que correrá el expresidente Uribe. El caso es tan absurdo que de ellos, tres rechazan esa infamia o vacilan sobre el fondo del asunto.

El creador de esa situación inaudita es Iván Cepeda, un hombre al servicio de los peores intereses y de visión totalitaria. El viene de una familia que no había hecho otra cosa que eso: golpear a Colombia mediante una fuerza paramilitar que combinaba todo tipo de crímenes, para instaurar, por orden de Moscú, la miseria colectivista. Si le ocurre algo irremediable al senador Uribe, si Colombia entra en una dinámica de obligatoria defensa de sus valores y de sus instituciones, en la que sus mejores hijos tendrán que acudir a todos los medios posibles, ese individuo tendrá que ser visto como el responsable de la catástrofe.

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